"Denunciamos la criminalización de la protesta so …

El 16 de setiembre, el Tribunal Penal de Pococí, en la provincia de Limón, dictó una sentencia de 12 años de cárcel en contra de los dirigentes sociales Iván Angulo Vargas y Orlando Barrantes Cartín. El “crimen” que se les achaca es el de haber participado en una manifestación de agricultores en las afueras de la ciudad de Guápiles en diciembre del 2000.
El proceso ha estado plagado de serias irregularidades, habiendo tenido que enfrentar tres diferentes a lo largo de estos ya casi 15 años. En el primer juicio, se les impuso una pena de 3 años de cárcel, pero la Fiscalía apeló alegando que era una pena muy baja. En un segundo proceso, la decisión fue la de absolverlos y nuevamente la Fiscalía apela forzando a un tercer juicio. Esta vez las ansias de reprimir a los sectores sociales en lucha surte efecto y se les condena a 12 años de cárcel y 6 meses de prisión preventiva mientras queda en firme la sentencia.
Esta nueva criminalización de un acto de protesta social se une al de Paulina Briones, ama de casa de la ciudad de Limón, que fue sentenciada a 5 años de cárcel por haber participado en una protesta popular en contra de concesión de la construcción de un nuevo muelle en el Caribe costarricense en favor de la transnacional holandesa APM Terminals. También se une a la brutal represión que se ejerció contra manifestantes pacíficos mientras dejaban clara su decisión de defender la Caja Costarricense del Seguro Social.
Todas estas sentencias solamente demuestran que el carácter represivo del modelo neoliberal también se ha afincado en Costa Rica. Denunciamos públicamente estos hechos y llamamos a todos los partidos progresistas de América Latina y a las organizaciones sociales a que difundan esta situación en sus países y que envíen mensajes de solidaridad para los compañeros Iván Angulo y Orlando Barrantes y la compañera Paulina Briones.