La Central Unitaria de Trabajadores CUT Chile, manifiesta su pleno respaldo a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho en Brasil en estos momentos en que un grupo de parlamentarios acusados, paradojalmente, de corrupción, amenazan la democracia abriendo camino hacia un “juicio político” que busca derrocar a la reelecta Presidenta, Dilma Rousseff.
De golpes militares a golpes parlamentarios. Así transitan los sectores más conservadores y reaccionarios de la región cada vez que se sienten amenazados por aquellos gobiernos -elegidos democráticamente- que colocan su énfasis en reducir la brecha de la desigualdad social en sus respectivas naciones.
Cuando el llamado a los cuarteles no está bien visto por la comunidad internacional, estos sectores no trepidan en comprar políticos para hacerlos sus lacayos, financiando sus campañas y carreras parlamentarias con el único objetivo que, llegado el minuto, no solo den sus votos a favor de leyes que favorezcan sus intereses sino también para destituir con “guante blanco” a aquellos gobernantes que les son incómodos. El pudor se doblega ante el poder del dinero. La ambición desmedida también tiñe los parlamentos latinoamericanos.
Ya ocurrió esto con Fernando Lugo, ex Presidente de Paraguay, electo en el 2008. Su victoria había terminado con el continuismo de más de 60 años del conservador Partido Colorado pero fue destituido de su cargo en el 2012, tras un controvertido “juicio político” (impeachment), hecho que fue condenado por la mayoría de los gobiernos latinoamericano y algunos europeos de la época al que calificaron de “ruptura del orden democrático”.
Hoy es el turno de Brasil. Dilma Rousseff, no está siendo acusada de corrupción. De lo que se le acusa es de presunta manipulación de las cuentas públicas en 2014, el año de su reelección, y a inicios de 2015. Sin embargo, los acusadores no presentaron ninguna evidencia de crímenes de responsabilidad de la presidenta, único argumento constitucional válido para ser sometida a ´juicio político”.
La propia Presidenta Rousseff, ha dicho que los impulsores de su proceso de destitución en el Congreso quieren llegar al poder “para sustraerse de las acusaciones de corrupción que pesan sobre ellos mismos”. Y los hechos avalan sus declaraciones, pues la paradoja en todo este proceso es que diputados que votaron a favor del juicio político –en medio de una sesión que para muchos espectadores internacionales, fue calificada de “bochornosa”- son parlamentarios acusados de diversos delitos, entre ellos desvío de recursos, apropiación indebida, lavado de dinero y crímenes electorales. A todas luces, se trata de personas que ni siquiera tienen autoridad moral para juzgar.
Como Central, compartimos el análisis de la a Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) que, en la región, representa a más de 60 millones de trabajadoras/es. La organización señala que, tras todo este intento de derrocar a Rousseff, está “el ataque continuado de los sectores políticos más conservadores y reaccionarios, junto a intereses económicos nacionales e internacionales y con el auxilio directo de las grandes corporaciones mediáticas, en contra de la agenda de avances sociales y políticos de los últimos 13 años, alcanzados con los gobiernos del ex presidente Lula y la presidenta Dilma”.
Es por esto que los trabajadores chilenos nos sumamos a las voces condenatorias de la instigación reaccionaria y conservadora de los diputados que permitieron la admisibilidad del “juicio político” contra Rousseff.
Esperamos, al igual que los millones de trabajadores agrupados en la CSA, que el Senado brasileño esté a la altura moral y no ratifique la decisión de la Cámara de Diputados, defendiendo así la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho en Brasil.
Publicado originalmente en el sitio de CUT Chile.
