“La condena contra Lula, un nuevo golpe a la democracia en Nuestra América”, por Marcha Patriótica
Los golpes a la democracia brasilera propiciados por los sectores más retardatarios de ese país parecen no tener fin. En diferentes niveles e instancias ha sido diseñada y ejecutada una estrategia de contra-reforma a través de la cual se pretenden negar los derechos a la clase trabajadora, sea en el campo de la seguridad social con la “contrareforma de la previdencia”, o en el campo laboral con la “contra-reforma del trabajo”.
Es claro que para ejecutar la estrategia neoliberal, el golpe de Estado parlamentario era una condición necesaria, que fue garantizada entre mayo y agosto de 2016, imponiendo a Michel Temer como cabeza suprema del poder ejecutivo, quien asumió sin pudor el papel destructor.
La ofensiva de las fuerzas políticas conservadoras y reaccionarias, acompañadas por la prensa hegemónica, ha intentado estabilizar la situación política y económica nacional, sin alcanzar sus objetivos; contrario a ello, el enfrentamiento nacional se intensifica, generando respuestas organizadas y unitarias por parte de los sectores progresistas, tal y como lo demuestran la creación de los frentes “Pueblo sin Miedo” y “Brasil Popular”, que han llamado a la movilización social y han logrado convocar dos paros generales de impacto nacional.
La disputa política entre los sectores golpistas y los sectores democráticos se proyecta con importancia preponderante en el plano electoral, entendiendo que durante el 2018 se deben realizar elecciones presidenciales. Según las últimas encuestas, la intensión de voto del pueblo brasilero ubica al expresidente Lula como el candidato con mayor opción de ocupar el palacio presidencial, pues tiene más de 14% sobre el candidato que le sigue.
La persecución política y judicial en contra del expresidente Lula ha sido desplegada desde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, alcanzando su punto máximo el miércoles 12 de julio, cuando el Juez Sergio Moro (cercano a los círculos conservadores del poder nacional) en una decisión de corte político condenó a Lula a 9 años de prisión, 19 de inhabilidad política y una multa de más de 600 mil reales (más de 500 millones
de pesos colombianos). La condena corresponde a supuestas responsabilidades en corrupción pasiva y lavado de activos, donde no han logrado comprobar la responsabilidad de Lula.
La decisión jurídica, basada en un proceso que carece de evidencias concretas en contra del expresidente, configura una jugada estratégica para impedir el retorno del Partido de los Trabajadores a la presidencia de la república; por tanto se hace evidente que éste es un nuevo golpe antidemocrático, que debe ser rechazado por los gobiernos y pueblos hermanos.
De norte a sur y de oriente a occidente se empiezan a manifestar organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y la ciudadanía en contra de la decisión del juez federal; tal situación es una muestra de que el enfrentamiento político en Brasil se tensiona cada vez más.
Desde el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica expresamos nuestra solidaridad con el expresidente Lula y con el pueblo brasilero, pues entendemos que este tipo de acciones son un ataque al sistema democrático. Alentamos la movilización social como una defensa legítima de los pueblos en contra de sus agresores, y como el camino más adecuado para la conquista de derechos.
La democracia no puede ser una moneda de cambio que los sectores hegemónicos utilizan de acuerdo a sus intereses; ésta debe ser un bien supremo respetado por todos los actores y exigido por la clase trabajadora y los sectores populares.
Movimiento Político y Social Marcha Patriótica