Pronunciamiento del Grupo de trabajo sobre Haití

El Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, ante los recientes acontecimientos en Haití, considerando el informe de las Naciones Unidas -Misión Haití del pasado mes de enero de 2021, manifiesta su más profunda preocupación por los hechos de violencia desatados por los decretos presidenciales que crean una agencia nacional de inteligencia y fortalecen el sistema de la seguridad pública, los cuales no se corresponden con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

Del informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se desprende que existe “un patrón de violaciones y abusos” de estas garantías fundamentales “seguido de la falta de rendición de cuentas”, que conllevan el riesgo de una mayor represión y coarta las libertades de reunión pacífica, asociación y libertad de expresión. A lo anterior se suma la inseguridad, la pobreza y las desigualdades estructurales persistentes en Haití, lo que ha llevado a grandes manifestaciones populares.

La actual situación se remonta a un largo proceso político originado tras la caída de la dictadura de los Duvalier, el derrocamiento de Jean Bertrand Aristide, la persistente intervención estadounidense, varias Misiones de las Naciones Unidas, la introducción del cólera por parte de la MINUSTAH, numerosas violaciones a los Derechos Humanos (como explotación sexual y violaciones masivas) y la inagotable resistencia del pueblo haitiano ante las terribles adversidades que ha debido enfrentar. Mientras tanto se sucedieron presidentes interinos y elecciones impugnadas por fraudes masivos, irregularidades notorias, cancelaciones, aplazamientos y la permanente injerencia del Core Group y la Fundación Clinton.  Los presidentes Michel Martelly y Jovenel Moïse fueron directamente impuestos por Washington.

Los escándalos de desviación de fondos de la ayuda internacional incluyendo a PetroCaribe detonaron un ciclo de protestas que venía potenciándose contra los gobiernos del Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK), fundado por Martelly y garante de las corporaciones extractivistas estadounidenses y canadienses. A la corrupción y sus contrapartidas (inseguridad alimentaria, crisis sanitaria y crisis del combustible) se agregaron las políticas de ajuste fondomonetarista de febrero de 2018 que generaron inflación y desabastecimiento de los productos básicos. Estos componentes configuraron el creciente estado de protesta permanente. La respuesta del gobierno fue violenta:  asociación con la red de bandas criminales que horroriza el área metropolitana, creación de una Agencia Nacional de Inteligencia, activación de grupos paramilitares y tipificación de “terrorismo” a las acciones de protesta. La gansterización de la política y la criminalización de la protesta tienen como consecuencia el aumento de la impopularidad del gobierno.

Constitucionalmente el mandato del actual presidente cesó el 7 de febrero de 2021 (Art. 134-2). Así lo ratificaron el Consejo Superior del Poder Judicial de Haití, la Asociación Nacional de Magistrados, la Federación de Colegios de Abogados y un enorme abanico de asociaciones de la sociedad civil. Cabe recordar que Moïse no llamó a elecciones legislativas ni municipales. Terminó por disolver el Congreso en enero de 2020. Gobierna desde entonces por decreto. Sustituyó a los alcaldes por “Agentes Interinos del Ejecutivo”. Limitó de facto las potestades del Tribunal Superior de Cuentas. Nombró un Consejo Electoral Provisional exclusivamente con miembros del PHTK a pesar de la oposición de la Corte de Casación. Promueve una reforma constitucional y un nuevo calendario electoral todo absolutamente todo, contrario a derecho. Por lo tanto, este gobierno no representa a una ciudadanía a la que ha cercenado sus derechos. Moïse es la cabeza de un estado de excepción aún respaldado internacionalmente por el Core Group, en particular, por los Estados Unidos, la OEA, Canadá, Francia y la Unión Europea.

Ante el extraordinario desmantelamiento institucional, las sucesivas violaciones a la Constitución (art. 85 y 150) y la creciente ilegitimidad del gobierno de Moïse, la oposición proclamó a un Juez de la Corte de Casación, como “presidente interino”. La reacción gubernamental fue inventar un ridículo complot para asesinar al presidente para dar un “golpe de estado”. Moïse denunció y encarceló temporalmente al juez y a una veintena de opositores. Posteriormente ordenó la jubilación forzosa de los jueces disidentes de Casación, máxima instancia judicial del país, cuyos miembros son constitucionalmente inamovibles. También emitió un nuevo decreto arbitrario e inconstitucional nombrando a los sustitutos.

Ante las multitudinarias y justificadas protestas, el Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo expresa su solidaridad con las luchas del pueblo haitiano contra la dictadura, en defensa de la soberanía, por los derechos a la alimentación, a la salud y a la educación, y a la búsqueda de transformaciones democráticas.

Asimismo, manifiesta su repudio al imperialismo y a las fuerzas genocidas que fomentan y sostienen dictaduras corruptas como la de Jovenel Moïse.

Por último, ante la actual crisis política, el Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo reafirma el derecho de libre determinación del pueblo de Haití.

Grupo de Trabajo

Marzo de 2021.