Resolución por el fin inmediato de Lawfare en Nuestra America
Esta resolución fue aprobada en el XXVII Encuentro del Foro, realizado en Tegucigalpa, Honduras, en el marco de la CELAC Social 2024.En América Latina, la “guerra judicial” (Lawfare) es una herramienta cada vez más empleada para atacar nuestros líderes populares, utilizando el sistema nacional de justicia (fiscales, jueces, procuradores, tribunal constitucional), servicios de inteligencia estatal (policíaco y financiero) y la prensa hegemónica o dominante. Se montan casos jurídicos y a través de una asimétrica guerra mediática se “deslegitima” y “desprestigia” al líder con apariencia legal, ingresándolo en el engranaje judicial para demolerlo con infundios, allanamientos, pago de cauciones, medidas coercitivas, detenciones preventivas, incautación de bienes y testigos encubiertos.
Esta estrategia ha sido utilizada por el imperialismo y sus aliados en contra los gobiernos no alineados, como en Brasil con Lula da Silva y Dilma Rouseff; en Argentina contra Cristina Fernández; en Ecuador, contra Rafael Correa; en Bolivia, contra Evo Morales; en Paraguay, contra Fernando Lugo y más.
Los más recientes casos de persecución utilizando la misma estrategia son los ejemplos más bochornosos han sido la destitución del presidente Pedro Castillo y la condena al dirigente político Vladimir Cerrón en Perú; la violenta detención del exvicepresidente Jorge Glas en Ecuador, después de haber recibido asilo político por el gobierno mexicano; como la prisión preventiva ante hechos no probados del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en Chile, asi como El Salvador, contra Sánchez Cerén (expresidente), dirigente del FMLN, y contra Lorena Peña, presidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), exdiputada y expresidenta de la Asamblea Legislativa, así como de decenas de dirigentes.
El FSP reunido en Honduras en el XVII Encuentro, declara que esta práctica constante deslegitima tanto al sistema de justicia como al sistema democrático, pues ningún interés público o privado debe justificar el secuestro de la autoridad judicial para atacar a un adversario político. Urge sancionar el “lawfare”, pues la persecución política judicializada no debe tener lugar en ningún sistema democrático.
Tegucigalpa, 27 de junio de 2024.