Apoyo al Alcalde Daniel Jadue! No al lawfare en Chile!
La Guerra judicial o Lawfare es una práctica que azota los proyectos emancipadores y que ponen en el centro la transformación del neoliberalismo que empobrece y violenta a los pueblos. Las élites nacionales, regionales y mundiales, y, los defensores de los intereses del capital financiero internacional llevan años combatiendo las políticas sociales diseñadas para erradicar la pobreza y disminuir las profundas desigualdades sociales, usando de pretexto sus defensas corporativas para atacar proyectos y dirigentes legítimamente electos por el voto popular.
Así, los derrotados en las urnas buscan imponer sus intereses por sobre la soberanía popular. Criminalizando y destruyendo la política, sentenciando antes que cualquier juez imparcial a través de los medios hegemónicos, violando el principio del debido proceso y las garantías constitucionales de los acusados. El método es el mismo en todos lados: una parte de la prensa políticamente involucrada, crea un hecho y lo divulga ampliamente (una mentira que se cuenta mil veces acaba volviéndose “verdad”); apoyándose exclusivamente en esa noticia fraguada, se abre una investigación que tiene por finalidad respaldar la tesis periodística ya instalada y no garantizar la búsqueda de la verdad. Así se aseguran las condiciones para la muerte legal y política del adversario (ya que actualmente no se muestra adecuada la destrucción física).
Vemos con preocupación la persecución comunicacional, judicial y política hacia Daniel Jadue y sobre todo a lo que representa: un proyecto de democratización y protagonismo popular que mejoró sustancialmente la vida de miles de familias chilenas, generando una referencia nacional e internacional en lo que a gobiernos locales se refiere. Como FSP reiteramos la nota del Grupo de trabajo del Foro de 26 de abril de 2024 en solidaridad con el alcalde Daniel Jadue en vísperas de su comparecencia ante la fiscalía.
Quienes suscribimos la presente conocemos de cerca los casos del Presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, el ex Presidente Rafael Correa , de Ecuador los ex presidentes Evo Morales , de Bolivia , Cristina Fernández de Kirchner , de Argentina , Manuel Zelaya , de Honduras y al vicepresidente de EcuadorJorge Glas . Es el mismo modus operandi que buscó y busca su proscripción por vía judicial y mediática, porque no pueden lograrlo en el terreno democrático donde es el pueblo (y no las corporaciones transnacionales) quién manda.
Con estupor vimos cómo fue amenazado para impedirle salir del país sin resolución judicial ni proceso alguno más allá de trascendidos de la prensa hegemónica. Tal como ha señalado la Comisión Chilena de Derechos Humanos, este proceder es cuestionable desde el punto de vista legal. Una vez más, quien debiese perseguir con celo la objetividad de la investigación, devela que el motor de sus actuar es la proscripción de dirigentes dando un portazo en la cara a nuestras ya alicaídas democracias.
Apartar del camino a dirigencias políticas populares y profundamente incómodas para el estatus quo es la garantía que necesitan los de arriba para garantizar la elección de candidaturas sometidas a los intereses del mercado, que se desentienden de la población, especialmente los más pobres.
Atendido lo anterior, hacemos público nuestro llamado a toda la comunidad internacional, a los movimientos sociales, a las militancias populares y a todos los demócratas del mundo, acusar recibo de esta alerta democrática e impedir que se siga la ruta de la proscripción, no de las dirigencias políticas solamente, sino del Estado de Derecho.