El PT y el juicio de la acción 470

El PT, amparado en el principio de la libertad de expresión, critica y hace pública su discordancia sobre la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) que, en el juicio de la Acción Penal 470, condenó e imputó penas desproporcionadas a algunos de sus afiliados.
1. El STF no aseguró el amplio derecho de defensa
El STF negó, a los acusados que no tenían derecho a fuero especial, la posibilidad de recurrir a instancias inferiores de la Justicia. Les suprimió, por lo tanto, la plenitud del derecho de defensa, que es un derecho fundamental de la ciudadanía internacionalmente consagrado.
La Constitución establece, en el artículo 102, que únicamente el Presidente y el Vicepresidente de la República, los miembros del Congreso Nacional, los propios ministros del STF y el Procurador General de la República pueden ser procesados y juzgados exclusivamente por la Suprema Corte. Y, también, en las infracciones penales comunes y en los crímenes de responsabilidad, los ministros de Estado, los comandantes de las tres Armas, los miembros de los Tribunales superiores, del Tribunal de Cuentas de la Unión y los jefes de misión diplomática en carácter permanente.
Por esta razón, el ex ministro Márcio Thomaz Bastos, ya al inicio del juicio, pidió el desmembramiento del proceso. El pedido fue negado por el STF. No obstante, en el caso del “mensalão del PSDB”, en el estado de Minas Gerais, se decidió lo contrario.
O sea, una política de doble rasero: situaciones idénticas tratadas desigualmente.
Vale recordar además que, en cuatro ocasiones recientes, el STF ha votado por el desmembramiento de procesos, para que personas sin fuero privilegiado pudieran ser juzgadas por la primera instancia – todas ocasiones posteriores a la decisión de juzgar la Acción Penal 470 en bloque.
Justamente por ello, el PT considera que es legítimo y coherente, desde el punto de vista legal, que los reos ahora condenados por el STF recurran a todos los medios jurídicos para defenderse.
2. El STF dio valor de prueba a indicios
Parte del STF falló a favor de las condenaciones, aun no habiendo pruebas en el proceso. El juicio no fue imparcial, de acuerdo con los autos y a la luz de las pruebas. Al contrario, estuvo influenciado por un discurso paralelo y se desarrolló de forma “poco ortodoxa” (según palabras de un ministro del STF). Hubo flexibilización del uso de pruebas, transferencia de la carga de la prueba a los reos, suposiciones, ilaciones, deducciones, inferencias y se transformaron indicios en pruebas.
Ante la falta de elementos objetivos en la denuncia, las lagunas probatorias se rellenaron con deducciones, ilaciones y conjeturas – hecho grave sobre todo cuando se trata de una acción penal que puede condenar a personas a la privación de libertad. Como es sabido, indicios apuntan a posibilidades, nunca a certezas capaces de fundamentar el libre convencimiento motivado del juzgador. Indicios son tan solo sugerencias, nunca evidencias o pruebas cabales.
Cabe a la acusación presentar, para liberarse de su carga procesual, pruebas de lo que alega y, así, obtener la condenación del reo. En el caso en cuestión, se imputó a los reos la obligación de probar su inocencia o comprobar álibis en su propia defensa – rol que competiría al acusador. La Suprema Corte invirtió, por lo tanto, la carga de la prueba.
3. El dominio funcional del hecho no dispensa pruebas
El STF dio estatuto legal a una teoría nacida en la Alemania nazi, en 1939, actualizada en 1963 en plena Guerra Fría y considerada superada por diversos juristas. Según esta doctrina, se considera autor no apenas a quien ejecuta un crimen, sino a quien tiene o podría tener, debido a su función, capacidad de decisión sobre su realización. Es decir, la improbabilidad de desconocimiento del crimen sería suficiente para la condenación.
Al invocar la teoría del dominio funcional del hecho, los ministros infirieron que el ex ministro José Dirceu, por la posición de influencia que ocupaba, podría ser condenado, incluso sin pruebas de que haya participado directamente de los hechos apuntados como crímenes. O de que, teniendo conocimiento de tales hechos, no haya actuado (se haya omitido) para evitar que se consumaran. La expresión síntesis de la doctrina fue verbalizada por el presidente del STF, cuando indagó no si el reo tenía conocimiento de los hechos, sino si el reo “tenía cómo no saber”…
Al admitir el presunto acto de oficio y adoptar la teoría del derecho del hecho como responsabilidad objetiva, el STF crea un precedente peligroso: el de que alguien sea condenado por lo que es, y no por lo que hizo.
Se trata de una interpretación de la ley moldeada únicamente para atender a la conveniencia de condenar a personas específicas e, indirectamente, al partido al que están vinculadas.
4. El riesgo de la inseguridad jurídica
Las decisiones del STF, en muchos puntos, preanuncian el fin del garantismo, el rebajamiento del derecho de defensa, el avance de la noción de presunción de culpa en lugar de inocencia. Y, al innovar considerando que el lavado de dinero independe del crimen antecedente, al igual que al concluir que hubo compra de votos de parlamentarios, el STF ha instaurado un clima de inseguridad jurídica en el País.
Quedan dudas sobre si el nuevo paradigma se repetirá en otros juicios, o sobre si los jueces de primera instancia y los tribunales seguirán el mismo camino de la Suprema Corte.
De ahora en más, jueces inescrupulosos, o vinculados a intereses de cualquier especie en las comarcas en las que actúan, podrán valerse de pruebas indiciarias o de la teoría del dominio del hecho para condenar a desafectos o enemigos políticos de caciques partidarios locales.
En cuanto a la supuesta compra de votos, cuya sombra comprometería hasta las enmiendas constitucionales como aquellas de las reformas impositiva y previsional, ya están en curso acciones directas de inconstitucionalidad, movidas por sindicatos y personas físicas, con el propósito de fulminar dichos cambios a la Carta Magna.
Al instaurarse la inseguridad jurídica, no pierden solo los que han sido víctimas de la injusticia en el curso de la Acción Penal 470. Pierde la sociedad, que queda expuesta a casuismos y decisiones de ocasión. Pierde, en fin, el propio Estado Democrático de Derecho.
5. El STF hizo un juicio político
Bajo intensa presión de la prensa conservadora – cuyos vehículos cumplen un papel de oposición al gobierno y propagan la repulsa de parte de cierta elite al PT – ministros del STF confirmaron condenaciones anunciadas, anticiparon sus votos a la prensa, se pronunciaron fuera de los autos y, además, se inmiscuyeron en áreas reservadas al Legislativo y al Ejecutivo, hiriendo así la independencia entre los poderes.
Único poder de la República cuyos integrantes no dependen del voto popular y detentan un mandato vitalicio hasta cumplir los 70 anos, el Supremo Tribunal Federal – así como los demás poderes y todos los tribunales de aquí y del exterior – hace política. Y lo hizo, claramente, al juzgar la Acción Penal 470.
Hizo política al definir el calendario del juicio convenientemente coincidente con las elecciones en el País.
Hizo política al recusar el desmembramiento de la acción y al adoptar la teoría del dominio de hecho para compensar la escasez de pruebas.
Contrariamente a su naturaleza, de corte constitucional contra-mayoritaria, el STF, al dejarse contaminar por la presión de ciertos medios de comunicación y sin distanciarse del proceso político electoral, no se aseguró la necesaria exención que debería pautar sus juicios.
En el STF, vencieron las posiciones políticas ideológicas, muy bien representadas por la prensa conservadora en este episodio: la mayoría de los ministros transformó delitos electorales en delitos de Estado (desvío de dinero público y compra de votos).
Aunque fue realizado en los marcos del Estado Democrático de Derecho bajo el cual vivimos, el juicio, nítidamente político, violó garantías constitucionales para retratar procesos de corrupción en ausencia de pruebas, condenar a los reos e intentar criminalizar al PT. Así orientado, el juicio convergió hacia la producción de dos resultados: condenar a los reos, en varios casos sin que hubiera pruebas en los autos, pero, principalmente, condenar a algunos por “compra de votos” para, de esta forma, tratar de criminalizar al PT.
Decenas de testigos jurados terminaron siendo sencillamente despreciados. Un sinnúmero de contrapruebas no fueron ni siquiera objeto de análisis. E innúmeras jurisprudencias resultaron alteradas para servir a los objetivos de la condenación.
Algunos ministros trataron de adecuar la realidad a la denuncia del Procurador General, supuestamente por oír el clamor de la opinión pública, aunque éste solo se hacía presente en la prensa de derecha, menos preocupada con la moralidad pública que con intentar manchar la imagen histórica del gobierno Lula, como si quisiera matarlo políticamente. El Procurador no escondió su sesgo de parcialidad al afirmar que sería positivo que el juicio interfiriera en el resultado de las elecciones.
La lucha por Justicia continúa
El PT emprenderá todos los esfuerzos para contener la evidente partidarización del Poder Judicial, puesta de manifiesto en el juicio de la Acción Penal 470. Errores e ilegalidades que hayan sido cometidos por afiliados de nuestro partido en el ámbito de un sistema electoral inconsistente – que el PT lucha para transformar a través del proyecto de reforma política en trámite en el Congreso Nacional – no justifican que el poder político de la toga suplante la fuerza de la ley y de los poderes que emanan del pueblo.
En la trayectoria del PT, que nació bregando por la democracia en Brasil, muchos fueron los obstáculos que tuvimos que transponer hasta convertirnos en el partido de mayor preferencia de los brasileños. En el partido que hizo dos veces presidente a un obrero y eligió a la primera mujer como suprema mandataria. Ambos, Lula y Dilma, gozan de amplia aprobación de parte de todos los sectores de la sociedad, por las profundas transformaciones que han promovido, principalmente en lo que se refiere a las condiciones de vida de los más pobres.
A pesar de las campañas de odio y prejuicio que tuvieron en su contra, Lula y Dilma lograron elevar al país a un nuevo estadio: 28 millones de personas dejaron la miseria extrema y 40 millones ascendieron socialmente.
Se han abierto nuevas oportunidades para todos, Brasil se ha convertido en la 6ª economía del mundo y es respetado internacionalmente, y ya no le debe nada a nadie.
Al igual que antes del inicio del juicio, el PT reafirma su convicción de que no hubo compra de votos en el Congreso Nacional, ni tampoco pago de mensualidades a parlamentarios. Reafirmamos, asimismo, que no hubo, de parte de los petistas denunciados, utilización de recursos públicos, ni apropiación privada y personal.
Al mismo tiempo, reiteramos las resoluciones de nuestro Congreso Nacional del partido, acerca de errores políticos cometidos colectiva o individualmente.
Con esta postura equilibrada y serena, el PT no se deja intimidar por los que piden el linchamiento moral de compañeros injustamente condenados. Nuestro partido tendrá fuerzas para vencer este desafío más. Seguiremos luchando por una profunda reforma del sistema político – que incluye el financiamiento público de las campañas electorales – y por una mayor democratización del Estado, lo cual implica una constante disputa popular contra arbitrariedades como las perpetradas en el juicio de la Acción Penal 470, en relación a las cuales no ahorraremos esfuerzos para que sean revistas y corregidas.
Convocamos a nuestra militancia a movilizarse en defensa del PT y de nuestras banderas; a hacer que el partido sea cada vez más democrático y vinculado a las luchas sociales. Un partido cada vez más comprometido con las transformaciones a favor de la igualdad y de la libertad.
São Paulo, 14 de noviembre de 2012.
Comisión Ejecutiva Nacional del PT.
 

THE PT AND THE TRIAL OF PENAL CASE 470 

 
The Workers Party (PT), based on the principle of freedom of expression, criticizes and makes public its disagreement with the decision by the Supreme Federal Court (STF) that, in judging Penal Case 470, convicted and imposed disproportionate sentences to some of its members.
1. The STF failed to guarantee the right to defense
The STF denied the defendants who were not entitled to special venue the possibility of recourse to lower courts of justice. It suppressed, therefore, the due right to defense, which is an internationally enshrined fundamental right of citizenship.
Article 102 of the Constitution of Brazil sets forth that only the President and the Vice-President of the Republic, the members of the National Congress, the STF Justices themselves, and the Republic’s Prosecutor-General shall be charged and tried solely by the Supreme Court; and in ordinary penal offences and in crimes of responsibility, the Ministers of State, the Commanders of the three Armed Forces, the members of higher Courts, of the Union’s Auditing Court, and permanent heads of diplomatic missions.
For this reason former Minister of Justice Marcio Thomaz Bastos, at the initial stage of the trial, requested that the lawsuit be severed. This was denied by the STF, notwithstanding its ruling otherwise in the “PSDB mensalão “case in Minas Gerais.
That is, a double standard, with identical situations treated unequally.
It is worth recalling, finally, that in four recent cases the STF voted for the severance of the lawsuits, so that people not entitled to the special venue could be tried by a court of first instance – all these cases having taken place after the decision of consolidating the trial of Penal Case 470.
Thus, the PT considers it to be legitimate and coherent, from a legal point of view, that the defendants now convicted by the STF should have recourse to every legal means to defend themselves.
2. The STF admitted circumstantial evidence as proof
Part of the STF ruled for the convictions, even without evidence in the case. The trial was not fair, in accordance with the record of trial and in light of the evidence. On the contrary, it was influenced by a parallel discourse and evolved in a manner, in the words of an STF Justice, “hardly orthodox”. There was lax use of evidence and the burden of proof was shifted to the defendants, in addition to presumptions, illations, deductions, inferences, and the admission of circumstantial evidence as having probative value.
In the absence of objective elements in the prosecutor’s complaint, deductions, illations and conjectures filled the probative gaps – a very serious fact especially in a penal case, which might convict people with the loss of privacy. As is known, circumstantial evidence simply signals possibilities, never certainties capable of grounding the judger’s freely motivated convincing. Circumstantial evidence is no more than suggestions, never material evidence or irrebuttable proof.
It rests upon the accusation, in order to fulfill its procedural duty, to tender proof of what it alleges and, thereby, obtain the conviction of whoever it might be. In the case in question, the defendants had to bear the burden of proving their innocence or to provide alibis in their defense – a role that should rest upon the accuser. The Supreme Court has, therefore, reversed the burden of proof.
3. Functional domination of act does not preclude proof
The STF accorded legal status to a theory bred in Nazi Germany in 1939, reviewed in 1963 during the Cold War, and presently considered superseded by many jurists. Pursuant with this doctrine, the perpetrator is not only the person who carries out the crime but also anyone who has or may have had, due to their function, decision-making capacity over the perpetration. That is, the unlikelihood of lack of knowledge would be sufficient for a conviction.  
By resorting to the theory of functional domination of act, the STF Justices inferred that former Minister José Dirceu, given the position of influence he held, could be found guilty, even without their proving that he had directly participated in the wrongful deeds. Or that he, being aware of them, failed to act (or was negligent) to thwart their perpetration.  A synthesis of this doctrine was articulated by the STF Chief Justice when he inquired not whether the defendant had knowledge of the acts but, rather, whether the defendant “could not have known [of them]”.
In admitting the presumed ex officio action and adopting the theory of domination of act as objective responsibility, the STF has set a dangerous precedent: That of someone being convicted for what he/she is, rather than for what he/she might have done.
This is an interpretation of the law shaped for the sole purpose of meeting the convenience of convicting specific people and, indirectly, hitting the party of which they are members.
4. The risk of legal insecurity
The STF rulings, in many points, presage the end of ‘guaranteeism’, the undermining of the right to defense, and the advance of the notion of presumption of guilt instead of innocence. And, by innovating in that money laundering is freestanding in relation to a prior offence, in addition to concluding there was vote-buying in Congress, the STF installed a climate of legal insecurity in Brazil.
Doubts are lingering as to whether the new paradigm will be replicated in other trials or, still, whether lower courts and judges will follow the same path of the Supreme Court.
Henceforth, unscrupulous judges, or those with vested interests of any kind in the districts where they act, will be able to resort to feeble circumstantial evidence or to the theory of domination of act in order to convict those who have fallen out of their favor or the political enemies of local partisan chieftains.
As to the presumed vote-buying scheme, whose stain would have even compromised constitutional amendments, such as the tax and pension reforms, direct actions of unconstitutionality have been filed by trade unions and individuals for the purpose of striking down the aforementioned changes in the Constitutional Charter.
As legal insecurity sets in, not only those who have been wronged in the course of Penal Case 470 lose. Society loses, as it becomes exposed to arbitrary rulings. Ultimately the Democratic Rule of Law loses.
5. The STF held a political trial
Under intense pressure by the conservative media – whose vehicles play the role of opposition to the government while spreading the repulsion of a certain elite to the PT – the STF Justices confirmed previously announced sentences, advanced their rulings to the press, made pronouncements off the record of trial and, lastly, meddled in areas reserved to the Legislative and the Executive, thus hurting independence between powers.
The only branch of the Republic whose members do not depend on popular vote and hold a tenure until the age of 70, the Federal Supreme Court – just as the other branches and all courts in Brazil and abroad – engaged in politics. And it clearly did so in judging Penal Case 470.
It engaged in politics in setting a calendar to conveniently coincide with the elections. It engaged in politics in refusing to sever the case and in choosing the theory of domination of act to compensate for a dearth of evidence.
Contrary to its nature, of a counter-majoritarian constitutional court, the STF, by allowing itself to be contaminated by the pressure of certain means of communication and without distancing itself from the political/electoral process, failed to secure itself the necessary impartiality that should guide its rulings.
At the STF, political/ideological positions won that were very well represented by the conservative media in this episode: The majority of the Justices turned electoral wrongdoings into State wrongdoings (embezzlement and vote buying).
Although held within the framework of the Democratic Rule of Law under which we live, this clearly political trial disrespected constitutional guarantees in order to portray corruption processes with disregard for evidence, convict the defendants, and attempt to criminalize the PT. Thus oriented, the trial converged to produce two outcomes: Convict the defendants, in several cases without any evidence in the record of trial, but, foremost, convict some for the “vote buying”, thus seeking to criminalize the PT.
Tens of witnesses under oath were simply dismissed. Plenty of counter-evidence was not even subject to analysis. And a wealth of jurisprudence was altered to serve the purposes of the sentence.
Some Justices sought to adapt reality to the Prosecutor-General’s petition, supposedly for listening to the so-called clamor of public opinion, even though such clamor was only present in the right-wing media, less concerned with public morality that with staining the historical image of the Lula government, as if in an attempt to kill it politically. The Prosecutor-General made no effort to conceal his bias by stating that it would be positive if the trial interfered with the result of the elections.
The struggle for Justice continues
The PT will spare no effort to contain the partisanship of the Judiciary, evident in the trial of Penal Case 470. Mistakes and unlawful deeds that might have been committed by party members in the context of an inconsistent electoral system – which the PT is struggling to transform through the political reform bill introduced in the National Congress – are no justification for the gown’s political power to outweigh the force of the law and the powers emanating from the people.
In the history of the Workers Party, a party born fighting for democracy in Brazil, we had to overcome many hurdles until we became the preferred party of the majority of the Brazilians. The party that elected a factory worker President of the Republic twice and the first woman as the country’s highest officeholder. Both, Lula and Dilma, enjoy broad approval in every sector of society on account of the deep transformations they have promoted, especially in the living conditions of the poorest.
Despite hatred and prejudice campaigns, Lula and Dilma raised Brazil to a new stage: 28 million people left extreme poverty and 40 million ascended socially.
New opportunities were made available for all. Brazil has become the world’s sixth economy and is respected internationally, no longer owing anything to anyone.
Just like we did before the beginning of the trial, the PT reaffirms its conviction that there was no vote buying in Congress, nor was there any payment of allowances to parliamentarians. Furthermore, we reaffirm that there was neither use of public funds nor private and personal misappropriation by the PT members charged.
At the same time, we reiterate the resolutions of our National Congress regarding the political mistakes perpetrated collectively or individually.
It is with this well-balanced and serene posture that the PT shall not allow itself to be intimidated by those who claim for the moral lynching of unfairly convicted brothers. Our party will have the strength to win yet another challenge. We shall continue to fight for a sweeping reform of the political system – including for public funding of electoral campaigns – and for greater democratization of the State, which entails ongoing popular dispute against arbitrary actions as those perpetrated in the trial of Penal Case 470, in relation to which we shall spare no effort to have them reviewed and corrected.
We call our militancy to rally in defense of the PT and our banners; to build a party that is increasingly more democratic and engaged in the social struggles. A party increasingly more committed to the transformations in favor of equality and liberty.
São Paulo, 14 November 2012.
National Executive Board
Workers Party (PT)