Turbulencias a la vista

Por Wladimir Pomar – 19/12/12
Las perspectivas para 2013, sea cual fuere el ángulo desde el cual se las mire, no son las más deseables. A nivel internacional, nada indica que amainará la crisis que asola a los Estados Unidos y a los países de Europa, tanto los centrales como Alemania, Francia e Inglaterra, como los periféricos como Grecia, España, Portugal, Italia y demás. Tal vez todavía falte mucho para que los países capitalistas desarrollados dejen de intentar descargar los costos de la crisis sobre los salarios y el bienestar de sus poblaciones, y sobre los países de resto del mundo. Incluso porque la globalización capitalista, en lugar de solucionar los problemas provenientes de la enorme concentración y centralización del capital, de la inmensa elevación de la productividad y de la consecuente tendencia de caída de la tasa de ganancia del capital, solo los agrava, al desindustrializar a los países centrales, industrializar a los periféricos y agudizar la competencia entre ellos.
En esas condiciones, a pesar o a causa de su decadencia relativa, los Estados Unidos deben seguir buscando recuperar su posición de hegemonía a través de aliados que representan lo que hay de más conservador en el mundo actual, como las monarquías y el gobierno de Israel. Eso le puede rendir algunos éxitos, como parece haber sido el caso de Libia, o puede ser el caso de Siria, pero puede agravar sus contradicciones con muchos otros países del mundo, entre ellos algunas potencias capitalistas. La proclamada decisión de tomar a Asia como principal foco estratégico, lo cual en la geopolítica norteamericana puede incluir a Irán, intensifica los peligros de una guerra de grandes proporciones. Es difícil suponer si en esas condiciones, los Estados Unidos podrán dar a América Latina la atención que quisieran, aunque sus aliados locales están actuando cada vez más en el sentido de revertir las derrotas sufridas frente al ascenso de fuerzas de izquierda.
La derribada supuestamente legal de gobiernos dirigidos por la izquierda puede cobrar connotaciones diversas, que varían de país a país, y convertirse en la norma de la contraofensiva intentada por oligarquías y burguesías de distintos países latinoamericanos. Esta situación puede agravarse si las fuerzas de izquierda no logran encontrar formas concretas y viables de desarrollo económico y social, conquistando a los trabajadores de las ciudades y de los campos, al igual que la mayor parte de las clases medias urbanas, dividiendo a las oligarquías y a las burguesías, y aislando a los sectores aliados del capital corporativo norteamericano. Como siempre, la cuestión práctica consiste en dar base económica y social a esas acciones de estrategia política.
Brasil quizá se transforme, en 2013, en el epicentro de esa disputa. Muchos indicadores apuntan hacia una situación en la que la burguesía ya no soporta un gobierno más dirigido por el PT. A pesar de suavemente, y tras un prolongado período defensivo, el gobierno ha empezado a bajar las tasas de interés y a herir la rentabilidad del sistema financiero. El gobierno también está presionando a la burguesía a invertir en el sistema productivo, lo cual, para una parte considerable de ella es lo mismo que poner en riesgo el capital que está acostumbrada a ganar en el mercado financiero y en los alquileres indexados. Y el gobierno da además indicios de que, frente a las resistencias a la elevación de la tasa de inversión, estaría dispuesto a intervenir de forma más activa en la economía, a fin de obtener un crecimiento del PBI que proporcione un desarrollo sostenido.
Igualmente grave, a los ojos de la gran burguesía, es la insistencia del gobierno con realizar una distribución menos desigual del ingreso, y con aumentar la participación y el control democrático de las capas populares en los tres poderes, en las comunicaciones y en la economía. Sueña quien piensa que la burocracia estatal de esos poderes, desde hace mucho tiempo sujeta al dominio y a los métodos de la burguesía, ha aceptado democráticamente el acceso a las informaciones, la lucha contra la corrupción, aunque tuviera que cortar en la propia carne, y los intentos de realización de una reforma política que por lo menos rompa con la privatización de la política. Desde antes de la victoria de la presidenta Dilma estaba ya en curso un proceso que tenía como objetivo asociar al PT y a Lula con la corrupción. Aquella victoria demostró que, por la lucha política normal, no era posible alcanzar tal objetivo.
A partir de entonces, la estrategia de la derecha sufrió una inflexión paulatina, con dos vertientes principales. Por un lado, a través del adhesismo de fuerzas de derecha al gobierno, para impedir una mayor unificación de los sectores de izquierda y minar la dirección del PT en los asuntos gubernamentales. Por el otro, aprovechando la defensiva del PT al trabar una lucha sin tregua contra el uso de recursos privados en las campañas electorales, la llamada doble contabilidad, ha transformado tal práctica en crímenes de compra de votos parlamentarios, lavado de dinero, asociación ilícita y otros delitos penales y puso al Supremo Tribunal Federal (STF) al comando de la operación.
El supremo tribunal del país ya venía asumiendo progresivamente el papel de legislador, frente a un congreso poco transparente y bajo el tiroteo desmoralizante del partido de los medios. Estaba, pues, en condiciones de asumir un doble rol: el de forjar un nuevo procedimiento legal, bajo la aparente adhesión a los códigos jurídicos, crear una conmoción nacional en el juicio de los llamados “mensaleiros”, acorralar al PT, y crear condiciones para un posterior golpe fatal contra Lula.
Como en la Edad Media, cuando la Inquisición necesitó a un Torquemada para enviar a la hoguera a innumerables pensadores y personas del pueblo, aquí no faltan imitadores capaces de cumplir idéntica misión. En tales condiciones, los cinco meses de juicio del supuesto mensalão representaron tan solo la primera batalla de la nueva guerra para destruir a Lula y al PT mediante la criminalización judicial de la política. Los nuevos casos que implican a la jefa de gabinete de la Presidencia en São Paulo, y la pronta entrega del testimonio completo de Marcos Valerio al diario Estadão, tal vez por parte de los mismos procuradores que encajonaron el caso Cachoeira por “ausencia de indicios concretos”, apenas apuntan la escalada del proceso.
Asimismo, el partido de los medios y la oposición conservadora se esmeran en una campaña continuada para demostrar que Lula y el PT no tienen nada que ver con la mejora de las condiciones de vida del pueblo brasileño en los últimos años, para transformar hechos positivos en negativos, sabotear los programas de crecimiento y desarrollo. Con un poco de atención, es posible vislumbrar el sinnúmero de otras acciones articuladas que señalan la operación estratégica para desmoralizar al PT y a Lula como cuestiones estratégicas para clausurar la experiencia democrática de gobiernos dirigidos por la izquierda, aunque sean de coalición.
En esas condiciones, hay dos escenarios políticos posibles para 2013, ambos dependientes de la posición que el PT y Lula asuman. El primero puede ser el de continuidad de la “defensiva pasiva”, que es en parte consecuencia de resistencias a sumir públicamente el error de aceptar acríticamente las reglas ambiguas de uso de recursos privados en campañas electorales, reglas aceptadas y practicadas por la totalidad de los partidos, desde hace decenas de años, sin que nunca los tribunales se hayan preocupado de cohibir tal práctica. Esa defensiva pasiva, de continuar, puede llevar al PT a una situación mucho más grave que la enfrentó en 2005.
El segundo escenario puede conformarse si el PT y Lula logran transformar la defensiva pasiva en una “defensiva activa”, para pasar a la contraofensiva. Esa transformación depende del reconocimiento público de aquel error y de la creación de una campaña de movilización popular por las reformas políticas que pongan fin a los financiamientos privados electorales, establezcan el financiamiento y control público de las campañas electorales, impongan la fidelidad partidaria, y restablezcan una división clara de los poderes de la república. Lula y el PT poseen una vasta experiencia de movilización popular, incluidas las caravanas de la ciudadanía y otras acciones de diálogo y debate con las grandes capas del pueblo brasileño, Claro está que, para concretar esa movilización y dar vuelta el juego político, el PT tendrá que retomar el tipo de acción militante que marcó sus participaciones en las ¡Directas Ya!, en las campañas presidenciales de 1989, 2002 y 2006, y en otras movilizaciones sociales.
Es evidente que los cambios políticos en el comportamiento petista están enlazados, en gran medida, con el desempeño del gobierno, especialmente en el área económica. Si el gobierno Dilma no logra resolver los temas clave de la elevación rápida de la tasa de inversión, de la reducción más intensa de las tasas de interés, del uso eficaz del tipo de cambio como instrumento de competitividad industrial, del incremento sustancial de la producción de alimentos de la agricultura familiar, de la cualificación de las fuerzas humanas sin condiciones actuales de acceso al mercado de trabajo, y de la elevación de la competencia en los sectores monopolizados u oligopolizados, será más difícil para el PT y para Lula enfrentar al actual movimiento de la derecha política.
Vistas las cosas de ese modo, 2013 promete ser un año cargado de turbulencias, desafíos y emociones.
Turbulence in sight
By Wladimir Pomar
19 December 2012
Prospects for 2013, whatever the analytical angle chosen, are not the most desirable. At the international level, there is no sign that the crisis that has ravaged the United States and the countries of Europe, both central, like Germany, France, and England, and peripheral, like Greece, Spain, Portugal, Italy and so forth, will abate. Perhaps it will still take a while before the developed capitalist countries stop trying to unload the burden of the crisis on wages and on the well-being of their people, and on the rest of the countries of the world. Even more so because the capitalist globalization, rather than solving the problems caused by huge capital concentration and centralization, huge productivity increases, and the ensuing downward trend of capital profitability rates, has only worsened these problems by de-industrializing central countries, industrializing peripheral countries, and spurring competition between them.
In these conditions, despite or because of its relative decline, the United States is bound to keep trying to recover its hegemonic position through allies who stand for the state-of-the-art in terms of reactionaryism and conservatism in the world today, like the Arab monarchies and the government of Israel. This might yield some accomplishments, as seems to have been the case of Libya, or may be the case of Syria, but may further deepen its contradictions with many other countries worldwide, including some other capitalist powers. The proclaimed decision of taking Asia as main strategic focus, which in U.S. geopolitics may include Iran, increases the threat of a war of great proportions. It is hard to assume if, in such conditions, the United States will be able to give Latin America the attention that country would like to, notwithstanding its local allies increasing actions to neutralize the losses they suffered with the rise of the leftist forces.
The supposedly lawful ousting of governments led by the left may come to acquire multiple connotations, varying from country to country, and become the blueprint for the counteroffensive carried out by land-owning oligarchies and the bourgeoisies of several Latin-American countries. This situation may further worsen if the leftist forces fail to come up with concrete and feasible ways for economic and social development, by winning the workers in the cities and in the countryside, along with the major part of the urban middle classes, thus splitting the oligarchies and the bourgeoisies and isolating the sectors allied with the U.S. corporate capital. As always, the practical question consists in providing the economic and social basis for these political strategy actions.
Brazil may become, in 2013, the epicenter of this struggle. Many indicators point to a situation in which the big bourgeoisie can no longer stand a government run by the Workers Party (PT). However softly, and after a protracted defensive period, the Dilma administration started to lower interest rates and to hurt the profitability of the financial system. The government is also pushing for the largest part of the bourgeoisie to invest in the productive system, which, for a considerable part of it is tantamount to exposing to risk the capital it is used to earning in the financial market and from rate-adjusted rents. And the government is also signaling that, in face of resistance to increase investment rates, it is willing to more actively intervene in the economy in order to achieve a GDP growth that may afford sustainable development.
Moreover, just as serious as that, in the eyes of the bourgeoisie, is the government’s stubbornness in carrying out an income distribution that is less extremely unequal and in increasing the democratic participation of and control by popular strata in the three branches of government, in communications, and in the economy. Those who think that the state bureaucracies in these branches, long under the domination and methods of the bourgeoisies, have democratically accepted access to information, the fight against corruption, even by cutting into their own flesh, and the attempts to carry out a political reform that may, at least, break away from the privatization of politics, are mistaken. Long before President Dilma’s victory, a process was under way whose goal was to associate the PT and Lula to corruption. That victory showed that, through the regular political struggle, it was not possible to accomplish that goal.
Since then, the strategy of the right has undergone a steady two-pronged shift. On one part, through adesismo (opportunistic bandwagoning) of the right-wing political forces to the government in order to prevent a deeper unification of the left and to undermine the PT in governmental matters. On the other, by taking advantage of the PT’s defensiveness in waging an all-out war against the use of unaccounted private funds in electoral campaigns (the so-called caixa dois), the right managed to transform such practice into crimes of parliamentarian vote-buying, money-laundering, conspiracy, and other offenses, and placed the Supreme Federal Court (STF) in command of the operation.
In face of a barely transparent congress constantly under the demoralizing focus of the ‘media party’, the country’s supreme court had been steadily taking up the role of legislator. Thus it was able to play a double role: forge a new legal procedure, in apparent compliance with the legal codes, create a national commotion in the trial of the so-called “mensaleiros”, corner the PT, and create the conditions for an eventual fatal blow against Lula.
As in the Middle Ages, in which the Inquisition relied on a Torquemada to sentence a number of thinkers and ordinary people to burn at the stake, here there is no shortage of copycats capable of fulfilling an identical mission. In such conditions, the five months of the (alleged) mensalão trial represented only the first battle of a new war to destroy Lula and the PT through the judicial criminalization of politics. The new cases of the Presidency’s chief-of-staff in São Paulo and the quick delivery of the full version of the new deposition by Marcos Valério to [newspaper] Estadão, most likely by the same prosecutors who tabled the Cachoeira case for “lack of concrete evidence”, only point to an escalation in the process.
Besides, the ‘media party’ and the conservative opposition are fully engaged in a continuous campaign to demonstrate that Lula and the PT have nothing to do with the improvement of the conditions of the Brazilian people over the last years, to change positive facts into failures, and to undermine the growth and development programs. With a little attention it is possible to see the countless other coordinated actions indicative of a strategic operation to demoralize the PT and Lula as strategic issues in bringing to an end the democratic experience of governments, even coalition governments, led by the left.
Hence, there are two potential political scenarios for 2013, both dependent upon the position the PT and Lula will adopt. The first one might be that of continuing the “passive defensive”, partly stemming from resistance to publicly acknowledging the mistake of acritically accepting ambiguous rules for the use of private funds in electoral campaigns, rules, it must be said, accepted and practiced by all parties, for decades, without ever being worth of court rulings to the effect of preventing such practice. Should this passive defensive go on, it might lead the PT to a much more serious situation than it faced in 2005.
The second scenario may take shape if the PT and Lula manage to change the passive defensive into an “active defensive”, as the basis for starting the counteroffensive. This change depends on public acknowledgment of that mistake and on the creation of a campaign to rally the people in support of political reforms that may end private funding of electoral campaigns and may introduce public funding and control of the electoral campaigns, impose party loyalty, and re-establish a clear division of the powers of the three branches of the Republic. Lula and the PT have a vast experience of popular mobilization, including the citizenship caravans and other dialogue- and debate-driven actions with the broad masses of the Brazilian people. Of course, in order to materialize this mobilization and turn the political game, the PT will have to redeploy the kind of militant activism that characterized its participation in the Diretas Já!, in the 1989, 2002, and 2006 presidential campaigns, and in other social mobilizations.
Evidently these political shifts in the petista behavior are, to a great extent, interrelated with the government’s performance, especially in the economic arena. If the Dilma administration fails to solve such key issues as a rapid increase in the rate of investment, a more dramatic reduction in the interest rate, a more effective use of the exchange rate as a tool for industrial competition, a substantial increase in the production of food by family farmers, skills-building programs for the human forces lacking the conditions today to access the labor market, and increased competition in monopolistic or oligopolistic sectors, it will be more difficult for the PT and Lula to stand up to the present move of the political right.
Viewed this way, 2013 promises to be a year replete with turbulences, challenges, and emotions.
 Fuente: wladimirpomar.org.br