Texto explicativo sobre impeachment en el mandato de la …

El pasado miércoles 2 de diciembre, el Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, acogió un pedido de impeachment (juicio político) de la Presidenta Dilma Rousseff, basado en argumentos de crimen de responsabilidad fiscal. El anuncio ocurrió inmediatamente después que diputados del PT declararon que votarían a favor del proseguimiento del proceso de destitución de Cunha en la Comisión de Ética de la Cámara. El proceso contra Cunha se basa en una denuncia de la Procuraduría General de la República y en investigaciones de la Policía Federal que indican su implicación en crímenes de corrupción y lavado de dinero, así como la existencia comprobada de cuentas no declaradas en Suiza, lo cual ya fue confirmado por las autoridades suizas. A lo largo de los últimos meses y semanas, Cunha viene sistemáticamente bloqueando las investigaciones y haciendo maniobras que impiden el proseguimiento de los trabajos en la Comisión de Ética.
Al inicio de la noche, la Presidenta Dilma hizo un pronunciamiento en el cual manifestó su indignación y reiteró su idoneidad y compromiso con las leyes y la cosa pública. Dilma afirmó asimismo: “son inconsistentes e improcedentes las razones que fundamentan este pedido. No existe ningún acto ilícito practicado por mí. No me ronda ninguna sospecha de desvío de dinero público, no poseo cuentas en el exterior, ni he ocultado del conocimiento público la existencia de bienes personales. Nunca he coaccionado, o intentado coaccionar a instituciones o personas en busca de satisfacer mis intereses”.
El pedido de impeachment argumenta que hubo crimen de responsabilidad fiscal debido al atraso de transferencias del Tesoro Nacional a los bancos públicos (las llamadas “pedaleadas fiscales”) para el pago de beneficios de los programas sociales del gobierno y la edición de decretos para la apertura de créditos suplementarios que supuestamente no habrían sido autorizados por el Congreso. Como la Constitución veda que eventuales pedidos de impeachment se hagan para mandatos ya terminados, esta vez el pedido se basa en la supuesta violación de la ley de responsabilidad fiscal en el año corriente de 2015. Juristas renombrados como Dalmo Dallari y Celso Antonio Bandeira de Mello ya salieron a manifestar públicamente la completa falta de fundamento jurídico para el pedido de juicio político a la Presidenta. En el plano económico, vale destacar que el Tesoro Nacional es acreedor neto de sus bancos. Los ministerios poseen contratos de servicios con los bancos: los días en que la cuenta está en rojo, se produce un crédito a favor del banco; cuando esta en azul, se produce un crédito a favor del gobierno (ajuste llamado ecualización). En el plano jurídico, el Partido de los Trabajadores iniciará una acción en el Supremo Tribunal Federal para anular el acto de Eduardo Cunha, basada en los argumentos de abuso de poder y desvío de finalidad, sostenidos por el hecho de que el Presidente de la Cámara de Diputados acató el pedido de impeachment por intereses personales y finalidad privada. Políticamente, movimientos sociales, como la Central de Movimientos Populares, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, la Central Única de los Trabajadores, ya han anunciado su disposición a salir a la calle a defender el mandato legítimamente conferido a la Presidenta Dilma por el voto popular. Gobernadores de los nueve estados de la región Nordeste (electos por distintos partidos, como PT, PCdoB, PMDB, PSB y PSD) también se han pronunciado en nota conjunta contra la tesis del impeachment.
El paso a paso de un proceso de impeachment:
1. Lectura de la denuncia en el plenario de la Cámara de Diputados y creación de una comisión especial (con 66 diputados, proporcional al tamaño de las bancadas partidarias).
Este paso debe ocurrir el próximo lunes, 7 de diciembre.
2. En 48 horas la Comisión se reúne para elegir su presidente y relator.
3. La Presidenta será notificada y tendrá 10 sesiones para presentar su defensa (normalmente hay 3 sesiones por semana, pero es posible llegar a 5 por semana, en el caso de que las sesiones de lunes y viernes tengan quórum, acelerando el proceso).
4. El relator de la comisión especial emitirá un dictamen en hasta 5 sesiones, concluyendo por la aprobación o no de la autorización para el seguimiento del proceso. La comisión especial vota el dictamen del relator.
5. El dictamen es leído en el plenario de la Cámara y publicado. Tras 48 horas de su publicación, el dictamen se incluye en el orden del día de la sesión siguiente.
6. El dictamen es discutido y votado en el plenario de la Cámara. La aprobación requiere 2/3 de los votos, lo que equivale a 342 diputados.
7. De aprobarse, la Presidenta debe retirarse del cargo por 180 días (si el juicio no termina en ese período, regresa al cargo, sin perjuicio de la continuidad regular del proceso) y el proceso se dirige al Senado.
8. Recepción por parte de la mesa directora del Senado, lectura en la sesión siguiente y constitución de una comisión compuesta por ¼ dos senadores (proporcional a las bancadas partidarias).
9. La comisión termina su trabajo con la entrega del libelo acusatorio.
10. Juicio en el Senado, con día y hora previamente estipulados, presidido por el Presidente del Supremo Tribunal Federal. La aprobación del impeachment requiere 2/3 de los votos (54 senadores).