Resolución sobre la criminalización de la protesta social y los pueblos indígenas

Reunidos en la ciudad de México del 20 al 23 de agosto de 2009, en ocasión del XV Encuentro del Foro de Sao Paulo, contando con la participación de 520 delegados, 63 partidos políticos y organizaciones de izquierda de 32 países, acordamos: 1. Denunciar las presiones de las corporaciones sobre los recursos naturales (agua, petróleo, minerales, gas, forestales y otros) y la demanda energética que están llevando a que nuestros gobiernos desarrollen leyes que criminalizan la protesta social, con un saldo de asesinatos y persecución a líderes del movimiento social

XV Encuentro del Foro de são Paulo

Ciudad de México

20 al 23 de agosto de 2009

Reunidos en la ciudad de México del 20 al 23 de agosto de 2009, en ocasión del XV Encuentro del Foro de Sao Paulo, contando con la participación de 520 delegados, 63 partidos políticos y organizaciones de izquierda de 32 países, acordamos:
1. Denunciar las presiones de las corporaciones sobre los recursos naturales (agua, petróleo, minerales, gas, forestales y otros) y la demanda energética que están llevando a que nuestros gobiernos desarrollen leyes que criminalizan la protesta social, con un saldo de asesinatos y persecución a líderes del movimiento social. Por lo que exigimos a los poderes judiciales de nuestros países cumplan con su verdadero rol de garantizar la administración de justicia para los sectores más pobres, así como la investigación y sanción a los autores intelectuales y materiales de estas violaciones de derechos humanos, especialmente en relación a los pueblos indígenas de la Amazonia Peruana y a los pueblos de Chenalho, Acteal, en el Estado de Chiapas – México.
2. Solicitar a las Naciones Unidas que las comunidades locales afectadas por operaciones de corporaciones puedan ser denunciadas, investigadas y sancionadas en orden al respeto de la declaración universal de derechos humanos y al convenio 169 de la Organización internacional de Trabajo que cautela los derechos indígenas.
3. Exigir que se investigue, juzgue y sancione a los responsables indirectos y directos de los procesos de criminalización y de graves daños ambientales que vulneran los derechos de los pueblos más pobres en cuyos territorios se encuentran muchas de las riquezas naturales.
México, 23 de agosto de 2009.