Resolución Por la cual el Regional Sur del Foro de San …

El día 22 de junio –al cumplirse el tercer aniversario del golpe de Estado parlamentario contra Fernando Lugo en el Paraguay – se inicia el juicio oral en contra de los dirigentes campesinos presos desde hace tres años: Rubén Villalba, detenido ilegalmente en la cárcel pública de Tacumbú, Asunción, y los demás encausados, actualmente con prisión domiciliaria, luego de estar también en la cárcel pública y después de una prolongada huelga de hambre.
Se trata de un JUICIO POLÍTICO y de PRESOS POLÍTICOS, puestos en prisión y encausados por los latifundistas que controlan arbitraria y antidemocráticamente los poderes del Paraguay. El Fiscal actuante en este caso está emparentado con el latifundista que usurpó tierras del Estado y donde se procedió a desalojar a los campesinos y ello dio lugar a la masacre; no presentó prueba alguna en plazo que pruebe la eventual culpabilidad de los dirigentes campesinos (por la muerte de 6 policías) y el Juez no hizo lugar a los innumerables pedidos de libertad y libre sobreseimiento presentados por los abogados de los campesinos. Las armas incautadas a los campesinos – obsoletas escopetas de caza – fueron cuatro, de las cuales tres no funcionaban y la única que funcionó (luego de fallar en el primer intento) había sido denunciada como robada antes de la masacre de Curuguaty, el 15 de junio del 2012, y luego “plantada” como prueba. Lo más grave es que las balas encontradas en los cadáveres de los policías – como lo ha atestiguado el senador Luis A. Wagner en sesión plenaria del Senado y es de público conocimiento – son de grueso calibre, de armas automáticas, que no corresponden a las que se podrían utilizar en las obsoletas escopetas de caza incautadas a los campesinos.
Hay evidencias de que la masacre habría sido perpetrada por sicarios especialmente contratados por latifundistas, o conspiradores. Una investigación de gran profundidad auspiciada por el ex senador Domingo Laíno así lo demuestra, pero esta hipótesis no fue investigada por la Fiscalía. Es más, la Fiscalía no inició investigación alguna del asesinato de los 11 (once) campesinos, en un gran número EJECUTADOS a sangre fría, como innumerables testimonios recogidos por organismos de derechos humanos lo atestiguan, como ser la Comisión de Derechos Humanos en el Paraguay, CODEHUPY y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).
El juicio que se inicia este 22 de junio en Asunción, se torna una farsa y, lo que es más grave, es la continuidad en la perpetración de la violación de los derechos humanos de los dirigentes campesinos del caso Curuguaty, cuya masacre – presumiblemente ejecutada por sicarios a las órdenes de latifundistas – sirvió para provocar el golpe de Estado parlamentario contra el gobierno constitucional de Fernando Lugo.
En consecuencia, la Regional Sur del Foro de San Pablo reclama al Poder Judicial de la República del Paraguay, y a todas los demás poderes intervinientes, el pleno respeto a los derechos humanos, tal cual establecen la Constitución paraguaya y los convenios internacionales ratificados por el Paraguay, y se proceda a la inmediata libertad de los dirigentes campesinos de Curuguaty injusta e ilegalmente presos, a los que el Estado paraguayo deberá indemnizar por ser víctimas de delitos de lesa humanidad.
Reclamamos también, el procesamiento de quienes ejecutaron a sangre fría a 11 campesinos en Curuguaty hace tres años y hasta ahora no ha sido investigados ni imputados.
REGIONAL SUR DEL FORO DE SAN PABLO.
Montevideo, 8 de junio del 2015.