Resolución de la Regional Cono Sur del Foro de San Pablo en respaldo a Dilma y Cristina
La derechas nacionales y la internacional, que se han visto alejadas de la centralidad del poder político de numerosos países de la región y limitadas en sus posibilidades de proseguir con los pingues negociados de los 90, recurren hoy en su resentimiento a los juicios penales y a los juicios políticos contra los líderes de los procesos populares que los enfrentaron.
Lo hacen imputando hechos que no son delitos y a veces ni siquiera constituyen irregularidades administrativas, pero ellas los muestran como tales con la complicidad de los grandes medios de comunicación cómplices.
Otras veces pretenden hacer responsables a los mandatarios o ex mandatarios que conducen o condujeron estos procesos de autonomía y soberanía de hechos ilícitos cometidos por otros durante sus mandatos pero con los que ellos no tuvieron vinculación alguna ni conocimiento de los hechos por los que no les cabe responsabilidad ni jurídica ni administrativa
A diferencia del ejercicio del poder en un marco de excepción o en circunstancias dictatoriales en los que la concentración del mandato supremo y la estricta verticalidad que supone la propia situación se da un control extenso y pormenorizado por parte de los mandatarios que concentran la suma del poder público a través de sus gabinetes o simplemente de los servicios secretos y las fuerzas militares y policiales esta situación no seda (no se debe dar) en una democracia real.
En un sistema democrático, aunque sea de partido único o aunque el partido de gobierno tenga amplias mayorías en el congreso y un apoyo masivo de la población los tres poderes clásicos ejecutivo legislativo y judicial funcionan con la relativa autonomía prevista en las constituciones modernas y el mandatario supremo del ejecutivo nunca tiene el control total de lo que sucede en los vericuetos y laberintos institucionales sean estas acciones legales o ilegales. Ni siquiera posee los mecanismos para mantener una vigilancia panóptica de todo su funcionariado. Para ello funcionan controles y revisiones que inevitablemente la mayoría de las veces descubren los hechos después de producidos y en esos caso se toman las medidas indicadas en la ley.
El llamado desde la dogmática jurídico penal : “dominio del hecho”, base para la imputación de una autoría delictiva solo se acepta en casos políticos de ejercicios férreos del poder, como, por ejemplo, en el caso de autoría mediata que dio sustento a la incriminación y condena de los militares argentinos que gobernaron el país en la última dictadura militar.
En las democracias reales las presidencias, sobre todo las ejercidas por líderes de partidos que no responden al “dictat” de los poderes fácticos, proveniente de la alianza conspirativa entre las oligarquías hiperconcentradas nacionales y los grupos financieros internacionales, el marco de acción y mando de estas autoridades máximas líderes de los procesos independentistas y el de sus colaboradores más cercanos, es siempre reducido , condicionado , riesgoso, permanentemente amenazado e incierto. Se conspira permanentemente contra ellos con medios altamente eficaces y superiores para retacear la información hacer llegar información falsa, crear confusión, tender trampas y sobornar elementos de las distintas instancias institucionales.
Se trabaja siempre en emergencia sin los recursos adecuados y teniendo que elegir a cada momento entre opciones de hierro y especulando sobre un complejísimo tablero de ajedrez en el que cada movimiento cambia la totalidad del escenario.
Las denuncias judiciales que efectúa esta derecha conspiradora en un campo orégano preparado por los multimedios monopólicos de la información, en papel, en televisión y radio y hasta por las redes, corren la suerte del juez que toque atenderlas que, casualmente, es casi siempre alguien de reconocida oposición furiosa al gobierno. Estos jueces se comportan al más puro estilo de los tribunales de la terrorífica Inquisición de las monarquías absolutas , le dan un alcance a las descripciones de las conductas prohibidas descriptas en las leyes que no tienen, las interpretan extensivamente en contra de todos los principios del derecho penal liberal, las transforman en los tipos abiertos y ambiguos al estilo de la vieja escuela nazi de Kiel, utilizan tipos penales como el de la asociación ilícita que fuera inventada para combatir las organizaciones obreras y sindicales en las represiones del siglo XIX adecuándola a la famosa “conspiracy “ norteamericana que permite imputar a cualquiera, sin mayor necesidad de pruebas, más que alguna denuncia anónima o alguna deducción indirecta de la imaginación del juez. Se recurre a la responsabilidad objetiva, dejada atrás hace años por violatoria del principio de la culpabilidad o se recurre a la responsabilidad por el rol o la función, heredera de un mecanicista funcionalismo sistémico de principios del siglo XX.
Como los jueces tienen derecho a investigar una vez formulada la imputación y puesto en marcha el show mediático, el magistrado a cargo queda legitimado para mantener el curso de la “investigación” y por tanto el acoso judicial por el tiempo que él decida y hasta puede recurrir a detención del imputado inventando peligros de fuga o necesariedades de la propia investigación que casi siempre se vuelve secreta por decisión de él miso. En resumen el retorno a Torquemada y a las incineraciones públicas en la versión posmoderna de la irresponsabilidad judicial manifiesta de las nuevas magistraturas “new age” del siglo XXI.
A partir de estas imputaciones penales, que jamás se demostrarán pero que continuarán pesando como “espada de Damócles” el tiempo político que sea necesario para la conspiración derechista, se generan juicios políticos o “impeachment” que no necesitan razones jurídicas o políticas sino mayorías de votos en el congreso y se sabe de la labilidad y cobardía de muchos de los “representantes del pueblo”, varios de los cuales temen por su propia situación porque tienen, estos si, seguramente, motivos reales para temer.
Esto es lo que está pasando en Latinoamérica hoy. Particularmente en Argentina y Brasil, pero ya pasó en Paraguay y la derecha está decidida a extender la estrategia hasta donde sea necesario por todo el continente y sus islas.
Son verdaderos golpes de estado ya que el desplazamiento del mandatario es ilegítimo e ilegal aunque barnizado como institucional. Atacan a los líderes de los movimientos populares para destruir los movimientos populares y la alianza nuestroamericana que se iba fortaleciendo hacia una cada vez mayor integración. Saben que si el objetivo de la integración se logra ellos están perdidos.
Frente a este cuadro de situación la alternativa más poderosa de los pueblos es la de la movilización popular en cada país, denunciando esta estrategia artera y defendiendo a los líderes nacionales, aunque ello solo es insuficiente. Es preciso dar ya ahora sin perder un minuto más un salto cualitativa en nuestra estrategia de lucha que ponga en el centro la cuestión verdaderamente central y que no por casualidad es la que más preocupa al imperialismo, la de la integración progresista, , soberanista y transformadora de la patria grande nuestroamericana . Las lucha populares debe integrarse coordinadamente golpea todos juntos cada vez coordinar movilizaciones pero también huelgas, solidaridades y pronunciamientos.
Hoy la resistencia a la persecución política y judicial de Dilma Rouseff, Cristina Fernández de Kirchner y Lula Da silva es una cuestión estratégica central para la Regional Sur del Foro de San Pablo.
No al golpe en Brasil!
Basta de persecución judicial y Política a Dilma, Cristina y Lula
Viva la integración regional nuestroamericana popular y antiimperialista
13 de abril de 2016.