Alternativa Nueva Nación, ANN
Introducción
El gobierno del Partido Patriota, encabezado por el Presidente, General Otto Pérez Molina, y la Vicepresidente, Roxana Baldetti, está integrado con personas que son expresión de la alianza de grupos oligárquicos, con un sector de integrantes del Alto Mando Ejército de Guatemala y ex militares de alto rango, ligados a la contrainsurgencia.
Es una alianza coyuntural, construida para instalar un gobierno que pueda favorecer a los integrantes del grupo conocido como G-8,
que aglutina a los 8 grupos familiares más poderosos económica y financieramente y aliados de empresas transnacionales y del capital
financiero internacional, que controlan la economía del país. A su servicio está el manejo de las inversiones, la explotación irracional de las riquezas naturales, la adjudicación de contratos de servicios y obras de infraestructura. De esa manera controlan los ejes estratégicos de la economía del país. Para ello, inicialmente debían evitar el triunfo electoral de Sandra Torres, y luego de Manuel Baldizón, que representa intereses económicos propios y de grupos de poder paralelo.
Los militares participan en el proyecto como elementos determinantes del poder, y no como simples agentes protectores de los intereses de la oligarquía y sus aliados del capital financiero internacional, lo que genera una contradicción fundamental y que ya ha empezado a evidenciar las limitaciones de la alianza.
Esos militares contrainsurgentes, la mayoría de la rama de inteligencia, estuvieron implicados en la ejecución de planes y
operaciones militares con las que arrasaron cientos de comunidades indígenas, generalizaron la desaparición forzada y la ejecución
extrajudicial de miles de personas. Por estas masacres y violaciones a los derechos humanos, algunos de estos oficiales retirados, de línea dura, enfrentan juicios penales, los que han sido un factor que los ha unificado de nuevo, principalmente en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, AVEMILGUA y la llamada Fundación contra el Terrorismo, en proceso de institucionalización.
En la historia de Guatemala, varios miembros del Alto Mando del Ejército han intentado acceder a espacios de poder económico-político reservados a los grupos de poder oligárquico. Varias empresas, incluyendo una de cemento del propio Ejército, han sido destruidas al intentar convertirse en competencia de los oligopolios que la oligarquía detenta en el país. En general ésta siempre ha percibido a los integrantes del Ejército como un instrumento en el esquema de dominación que ellos construyeron. Por su parte, aunque el rumbo estratégico de la economía del país nunca estuvo al alcance de los militares, ya que hay importantes porciones de poder político y económico que se ejercen de forma paralela a la institucionalidad del Estado, durante algunas décadas, sectores del Ejército ejercieron el poder político del Estado de manera directa, lo que tuvo que ser revertido por el aislamiento generalizado que provocó la represión institucionalizada, que obligó a la apertura política limitada de 1985, con la convocatoria a la Asamblea
Nacional Constituyente, con la que los militares pretendieron tutelar la democracia, lo que fue inviabilizado con el proceso de Paz.
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