Ponencia del Frente Socialista de Puerto Rico en Naciones Unida

Ponencia del Frente Socialista frente a Comité especial de los 24
Organización de Naciones Unidas
22 de junio de 2015
De: Frente Socialista de Puerto Rico
A: Comité Especial de los 24 – Organización de Naciones Unidas
Audiencias sobre Puerto Rico
Naciones Unidas, Nueva York
Honorables miembros del Comité Especial:
Señores Embajadores, Señoras Embajadoras, Señor Presidente del Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, reciban un cordial saludo a nombre del pueblo trabajador puertorriqueño. Mi nombre es Ismael Muller Vázquez, del Frente Socialista, agrupación que defiende la independencia y el socialismo en Puerto Rico. Una vez más, igual que en los últimos 19 años comparecemos ante ustedes en representación de miles de trabajadores, mujeres y jóvenes que reclaman que se le reconozca a nuestro país el derecho a su autodeterminación e independencia.
Es materia de dominio de este comité que desde 1898 el gobierno de los Estados Unidos invadió y se apoderó de Puerto Rico y ha mantenido allí un régimen de carácter colonial en violación a toda norma de derecho internacional y en contraposición a la voluntad histórica de las grandes mayorías de nuestro pueblo.
Centenares de comparecencias de diversas organizaciones puertorriqueñas han denunciado ante ustedes el deterioro del régimen colonial y la intensificación de las luchas de nuestro pueblo en contra de las manifestaciones concretas de dominio imperialista.
Hoy venimos nuevamente a reclamar ante este cuerpo que se pronuncie de manera enérgica contra el régimen colonial imperante en Puerto Rico e inste a los Estados Unidos de América a reconocerle a Puerto Rico su derecho natural a la independencia y que este comité insista y logre que la denuncia del accionar imperial de EUA sobre Puerto Rico se lleve al pleno de la Asamblea General.
Continúa política de genocidio
Es nuesta obligación insistir en que la política del imperio de EUA contra nuestra nación sigue siendo una de exterminio de nuestra nacionalidad. El gobierno federal de Estados Unidos controla toda mercancía, moneda, carta, comunicación electrónica, y por ende kilo de droga, arma y bala que entra a Puerto Rico, donde no se fabrica ninguna de ellas, excepto la cosecha artesanal de pocas cantidades de marihuana. Ese mismo gobierno impone una supuesta política en contra del uso de drogas la cual es utilizada como pretexto para desatar una brutal represión contra las comunidades pobres como parte de una politica de control de la población. Esto frente al marcado deterioro económico del país producto de un incremento de la explotación a la que es sometido nuestro pueblo.
En los últimos 9 años el deterioro de la economía puertorriqueña se ha acelerado, con una caída del PNB de 13%, una caída de la inversión bruta de un 25%, una baja de 14% en sueldos y jornales y un descenso de 11% en el empleo. Las cifras oficiales estiman que un 50% de la población vive bajo el nivel de pobreza y depende de ayudas públicas y la economía informal para cubrir sus necesidades básicas tales como alimentación, vivienda y salud. La deuda pública asciende a 70,000 millones de dolares, el desempleo oficial es de 15% aunque la mayoría de los economistas reconocen que la cifra real podría superar el 20% cuando se toma en consideración que la tasa de participación oficial es de apenas un 40%.
Como consecuencia se ha acelerado la emigración al punto que se estima que en los últimos 10 años más de 500,000 personas –de una población que NO llega a 4 millones– han tenido que abandonar el país. En estos momentos se estima que el 55% de la población puertorriqueña vive fuera de nuestro país, principalmente en ciudades de Estados Unidos, encontrándose entre las poblaciones de más bajos ingresos y mayores niveles de pobreza en ese país.
Otras consecuencias sociales de este deterioro económico son reconocidas por todos los medios de comunicación, organizaciones profesionales como el Colegio de Médicos, el Colegio de Trabajadores Sociales así como por el propio gobierno colonial y la comunidad internacional. Altos niveles de violencia (promedio de 700 asesinatos al año), altos niveles de enfermedades mentales, suicidios, el alcoholismo, uso de drogas y violencia familiar. A lo anterior se suma la destrucción de la agricultura (otrora la principal industria del país), lo que nos ha llevado a importar el 87% de los alimentos que consumimos. Con la consecuencia de un deterioro en la alimentación de la población, especialmente la infantil.
Lo que ha llevado al país a tener altos niveles de obesidad, diabetes, enfermedades del corazón, cáncer y asma. El 30% de la población infantil padece de asma, lo que es 3 veces lo normal. Todo esto es el resultado de la imposición de una modificación en la dieta para adaptarla a las necesidades de las empresas de alimentos norteamericanas. Cambiando la dieta tradicional puertorriqueña por una con un alto consumo de grasas saturadas, ingredientes artificiales, predominio del jarabe de maíz de alta fructosa, y productos genéticamente modificados. A esto se le añade un marcado deterioro en el medio ambiente como consecuencia de la contaminación producto de la actividad industrial de compañías norteamericanas especialmente farmacéuticas y petroquímicas. Así como la experimentación en nuestro suelo de productos químicos y semillas genéticamente alteradas.
Ante el cuadro del deterioro de la economía, el gobierno colonial ha respondido aumentando los impuestos a las clases trabajadoras, así como aumentando los precios en los servicios básicos como gasolina, energía eléctrica y agua potable. Ha recortado la nómina en el gobierno en más de 30,000 empleos (15% del total de los empleados públicos) y reducido los servicios públicos a la ciudadanía. Como ejemplo el año pasado se cerraron 100 escuelas públicas. Los servicios de salud se han racionado al punto que los hospitales públicos carecen de medicinas y los servicios de salud mental se han reducido de tal forma que han
agudizado en vez de aliviar la crisis de salud mental en el país. A esto se le añade el deterioro marcado de la infraestructura en las áreas de transportación, energía eléctrica, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos y acueductos.
Frente a tal crisis, el gobierno norteamericano en Puerto Rico ha enfatizado en asegurar el pago de la deuda pública a los acreedores (léase principalmente casas de corretaje y bancos de EUA) con el consiguiente deterioro en los niveles de vida de las clases trabajadoras. Para el año fiscal que empieza en julio del 2015 se anuncian nuevos recortes en los servicios del gobierno a la ciudadanía y más aumentos de impuestos a las y los trabajadores. Se anuncia el cierre de 98 escuelas adicionales, un aumento en los impuestos al consumo de 7.5% a 11.5% y la extensión a productos básicos como los alimentos de un impuesto adicional de 4%. Junto con reducciones dramáticas a los presupuestos de las universidades públicas y servicios de salud.
La reacción de la ciudadanía ante este cuadro desolador ha resultado en un aumento de las protestas y en el rechazo a la condición colonial del país. Los sindicatos, los estudiantes y la ciudadanía en general se han lanzado a la calle a protestar. Ante esta lucha el gobierno de los Estados Unidos responde echándole la culpa a los puertorriqueños y renegando de toda responsabilidad en este desastre económico. La propaganda oficial responsabiliza a la incompetencia del gobierno local por la crisis fiscal y a una supuesta actitud irresponsable de los puertorriqueños de querer vivir por encima de sus posibilidades económicas. En otras palabras: según el gobierno yanki, la culpa es de la población que
tenemos que vivir bajo las condiciones que ellos nos han impuesto, y no de ellos, la potencia que invadió y ocupó militarmente nuestro país, que estranguló nuestra economía nacional y luego como la economía no crecía, propició el endeudamiento de su gobierno títere local.
Endeudamiento que se fue en grandes tajadas –directa e indirectamente– para los mismos Estados Unidos, y ahora obliga al pueblo trabajador a pagar ese dinero que ellos mismos gastaron. Y para colmo: por la consitución impuesta bajo poder militar en 1952, se obliga al gobierno local a primero pagar la deuda a bonistas y luego atender necesidades sociales, y tan reciente como en febrero de este año 2015, un juez yanki dictaminó que el gobierno colonial en Puerto Rico NO puede recurrir a una quiebra de una corporación o entidad pública, asfixiando aún más la capacidad de paliar con medidas fiscales el deterioro económico. En términos generales, la solución impuesta a nuestro pueblo es la misma que
impone el imperialismo en todas partes: aumentar las medidas de austeridad fiscal y pauperizar las clases medias y trabajadoras; con el agravante de que el gobierno colonial de facto y de jure es una rama de ese mismo imperio.

Criminalización de quienes luchan

A pesar de estar en la segunda década del siglo 21, destacamos que la administración federal de los EUA mantiene su estrategia de calificar como conducta criminal el anhelo de independencia y reprimir la lucha puertorriqueña por la misma. El gobierno yanki mantiene sobre sectores de luchadores por la independencia de Puerto Rico la calificación de “terroristas domésticos”, acompañada de la existencia de un grupo especial del FBI de EUA en Puerto Rico, para perseguir, arrestar y asesinar a estos luchadores por la independencia.
Así mismo, por años hemos denunciado que mantienen encarcelado al compatriota Oscar López, sin haberlo encontrado culpable de crimen real alguno. Oscar cumplió ya 34 años encerrado bajo la bochornosa ley imperial de “conspiración sediciosa”, o sea: por accionar políticamente por un derecho también reconocido en múltiples instancias por la normativa internacional: el derecho a la soberanía de los pueblos. Emplazamos a este comité a que convoque una vista presencial a Oscar López en las depedendencias de la ONU para que pueda declarar de primera mano al respecto.
Ilegalidad de los remedios imperiales Ante este cuadro de dominio imperial, coacción a luchadores y luchadoras y control policiaco militar sobre nuestras vidas políticas, el Frente Socialista, —y de acuerdo con la normativa surgida de la práctica descolonizadora del pasado siglo—, exige nuestro derecho como pueblo a una transferencia inmediata de todos los poderes políticos que competen a un estado libre y soberano, indemnización por 117 años de explotación bajo el amparo militar; completa desmilitarización (abierta y encubierta; marcial y policíaca) de nuestro territorrio nacional e inmediata excarcelación y cese de persecución de todo combatiente. Sin estos prerequisitos, toda consulta, asamblea, plesbicito o referéndum en un territorio invadido militarmente es mera acción de propaganda al estilo del gobierno nazi, son meros engaños para engañar la opinión pública nacional boricua y la internacional.
Injerencia de la Asamblea General
El Frente Socialista entiende que este comité especial ha recibido a través de los años suficiente evidencia de que Puerto Rico es una colonia bajo el control de una potencia extranjera y dado que esta insigne Organización declaró que el colonialismo es inaceptable, reiteramos nuestra solicitud de que este Comité Especial apruebe una petición urgente de que el caso de Puerto Rico se discuta a nivel de pleno de la Asamblea General lo más pronto posible.
Insistimos: postergar la intervención internacional en el caso de la agresión imperial de Estados Unidos contra el pueblo puertorriqueño, es servir de cómplice de un sistema que continúa en su plan de aniquilar una nación en pos de mantener un dominio económico militar en el Caribe y sobre el continente.
Agradecemos -una vez más- a todos ustedes y a este digno cuerpo la atención a nuestra petición así como a toda aquella que presente el reclamo de los demás pueblos que aun enfrentan el mal del colonialismo en el mundo.
Gracias.
Frente Socialista
22 de junio de 2015
San Juan, Puerto Rico