"Fuera manos sucias de la investigación del crime …

El Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., José Antonio Ortega denunció que en la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas hace un año en Iguala, Guerrero, hay un conflicto de interés. Según este personaje, el verdadero objetivo de la CIDH es político: desestabilizar al gobierno y desacreditar sus instituciones.
La falta de certeza en las investigaciones sobre estos hechos y la intención reiterada de exculpar de responsabilidad de los policías federales y los elementos del 29 Batallón de Infantería por parte de la PGR, ha provocado que las investigaciones judiciales sobre este grave crimen se hayan convertido en un espacio de confrontación política. El coro de voces que apoyan a la PGR es prueba de ello.
La CIDH es la autoridad legítima surgida del Pacto de San José, signado y ratificado por nuestro país y máxima instancia para la defensa y sanción de los derechos humanos en el continente americano. Una comisión de esta instancia se encuentra en nuestro país haciendo labor de observación sobre el deterioro de los derechos humanos en México.
Esta Secretaría de Derechos Humanos del CEN del PRD condena las afirmaciones de Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., que pretenden que los asesinatos y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos queden en la impunidad.
Exigimos del gobierno que se adopten las medidas necesarias para proteger las actividades del GIEI Ayotzinapa, para que sus miembros cuenten con la más amplia libertad de investigación de los hechos y acceso a las evidencias.
Demandamos el acatamiento irrestricto de las recomendaciones formuladas por el grupo de expertos a la Procuraduría General de la República sobre la investigación judicial de estos terribles acontecimientos.
Demandamos que las declaraciones del Secretario de Gobernación, Osorio Chong, quien dijo que en el caso no puede haber “ni perdón ni olvido”, no se queden en letra muerta. Por eso exigimos la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y demandamos la sanción de los policías federales y los militares que participaron en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, de acuerdo con las evidencias.
Exigimos también que se investigue y sancione a las autoridades de procuración de justicia que omitieron u ocultaron los hechos y las evidencias, impidiendo el acceso de justicia para las víctimas y la sanción de los responsables. Esto debe hacerse en todos los niveles de gobierno, empezando por el ex Procurador de la República, Jesús Murillo Karam.
México, D.F. a 29 de septiembre de 2015
LIC. CARMEN VERA JUAREZ
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DEL CEN DEL PRD