Frente Amplio (Costa Rica) denuncia la brutal represió …

La comunidad de Chánguena, en la zona sur del Pacífico costarricense vive desde hace varios meses un conflicto social que involucra a más de 80 familias campesinas. Estas familias han ocupado, de forma pacífica y productiva, las fincas Chánguina y Térraba que se encontraban en estado de abandono.

Estas tierras pertenecieron en algún momento a la transnacional United Fruit Company, empresa que en los años 80 abandonó la región y devolvió al Estado las tierras que ocupaba. Las fincas Chánguena y Térraba fueron cedidas a una cooperativa que, por problemas de mala administración, terminó quebrando. Esta cooperativa -Coopalca R.L.- arrendó de forma irregular a dos empresas bananeras las tierras, las empresas Bananera Chánguena S.A. y Bananera Térraba S.A respectivamente. Ambas empresas son propiedad del terrateniente Oscar Echeverría Heigold.
Al declararse en quiebra en el año 2001 ambas sociedades anónimas, sus trabajadores y trabajadoras quedan es un estado de absoluto abandono. Nunca se les reconoció lo que por derecho les correspondía en cuanto a indemnización por cesantía y otros rubros similares. En una medida para garantizarse los recursos mínimos de subsistencia, toman las tierras y desde entonces las cultivan, fundamentalmente, para autoconsumo y la venta de algunos pocos excedentes.
Echeverría Heigold, no satisfecho con haber lanzado a la miseria a estas familias, utilizando argucias legales, ha tratado de apropiarse de estas tierras. En una sentencia cuestionada por serias irregularidades, un tribunal ordenó el desalojo de las familias ocupantes.
Desde ese momento, nuestro partido y su bancada legislativa, volcaron sus esfuerzos para tratar de detener el desalojo y que las tierras fueran dadas a quienes realmente las necesitan. Sin embargo, el Gobierno desoyó los llamados y no tomó las medidas que hubieran terminado con este conflicto y habría satisfecho un acto de evidente justicia social. La solución estaba al alcance de su mano, pero la absoluta falta de voluntad y la desidia del Instituto de Desarrollo Rural, hicieron que hoy se haya  vivido un momento doloroso y que mancha de sangre y oprobio a Luis Guillermo Solís como Presidente.
Se giró la orden para que la Fuerza Pública ejecutara el desalojo de las fincas en cuestión. Las familias ocupantes, enteradas de ello, deciden efectuar una protesta pacífica en el puente sobre el río Térraba. Ciertamente bloquearon uno de los carriles, dejando otro libre de todo obstáculo, no se efectuó nunca un corte completo.
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En lugar de dialogar, el Gobierno envió al puente un destacamento de policías. Las amenazas se transformaron en una carga violenta contra el grupo pacífico, en el que se encontraban mujeres y hombres cuyo anhelo y aspiración es el de poseer un pedazo de tierra. Con una violencia absolutamente desproporcionada, golpearon salvajemente a estas personas. El saldo es de cuatro heridos y seis detenidos.
Nuestra bancada legislativa ha logrado algunos avances importantes. Por nuestra iniciativa, se  aprobó una moción para pedirle a la Presidencia de la República que busque de forma expedita y en beneficio de los y las campesinos(as) el darle la propiedad de esas tierras así como condenar la represión policial en su contra.
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Asimismo, se han activado mecanismos legales y se ha logrado que la Sala Constitucional detenga el proceso de desalojo. Con ello se gana valioso tiempo para buscar una solución definitiva a este conflicto.
Sin embargo, mientras no se resuelva, sigue planeando la amenaza de una nueva acción represiva sobre estas familias que lo único que buscan es tener tierra para trabajar, tener un medio digno de llevar el pan a sus mesas. Hacemos un llamado a que desde cada país al que llegue este comunicado se envíen mensajes de solidaridad y apoyo. Hoy más que nunca, para Chánguena y sus campesinos(as) se hace necesario materializar aquella frase tan cargada de contenido y a la vez tan poética que dijera el Ché Guevara: “La solidaridad es la ternura de los pueblos”.
San José, 16 de febrero del 2016