Por Niko Schvarz – 22/10/12
Se ha comenzado a recorrer el camino que conduce a la paz en Colombia. Un objetivo que encarna un profundo anhelo de todo el pueblo colombiano (salvo algunos energúmenos como el ex presidente Uribe y su cohorte) y que cuenta con la solidaridad expresa de pueblos y gobiernos de América y de la comunidad internacional en su conjunto.
El diálogo iniciado el 18 de octubre en la proximidad de Oslo, la capital de Noruega, entre las delegaciones de las FARC y del gobierno de Juan Manuel Santos estuvo rodeada de expectativa y esperanza y concitó la atención mundial. Con clara conciencia de que la participación colectiva por este objetivo común contribuirá a abrir una perspectiva de paz en Colombia tras casi medio siglo de enfrentamientos armados.
El encuentro de Oslo estuvo precedido de casi dos años de una fase exploratoria, de reuniones que tuvieron lugar en el estado fronterizo de Barinas, en Venezuela, y en Cuba. Los diálogos proseguirán en una segunda fase en La Habana el 15 de noviembre. Los estados garantes de un acuerdo son Noruega y Cuba, en tanto Venezuela y Chile actúan en calidad de acompañantes. Los gobiernos de los cuatro países han expresado por igual y sin reticencias su voluntad de dedicar los máximos esfuerzos para lograr lo que en la declaración inicial conjunta de ambas delegaciones, tras la reunión en Oslo, se definió como “una paz estable y duradera” y “el desarrollo agrario integral común de Colombia”. Los cinco puntos del acuerdo marco suscrito en La Habana son: cuestión agraria, participación política, narcotráfico, situación de las víctimas y fin del conflicto.
El jefe de la delegación del gobierno, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, formuló una exposición sobre el primer punto de la agenda, la cuestión agraria. En respuesta, el vocero de las FARC, Iván Márquez, señaló la enorme desigualdad en la posesión de la tierra, con solo dos millones de hectáreas dedicadas a la agricultura en un país que importa diez millones de toneladas en alimentos y donde se han provocado cuatro millones de desplazados de la tierra. Para él lo más trascendente es el desarrollo del sector agrario, y señaló que la lucha de las FARC ha sido contra los latifundistas y a favor de los campesinos que son explotados por ellos.
También se refirió a las multinacionales mineras, que ocupan una importante porción del territorio para una explotación que no se compadece con el medio ambiente. Su intervención procuraba “desenmascarar a las corporaciones transnacionales apoyadas por el gobierno, que sólo sacan provecho de la tierra destruyendo la naturaleza”.
Hizo alusión asimismo a las duras condiciones para los trabajadores de Puerto Gaitán, donde la trasnacional petrolera extrae 250.000 barriles diarios y obliga a los obreros s trabajar 16 horas por día durante tres semanas sin descanso.
El representante de las FARC se pronunció también contra la presencia de militares extranjeros en territorio colombiano, especialmente de los estadounidenses (punto particularmente sensible por la presencia de bases militares de EEUU en el país). Su conclusión al respecto fue: “No más sumisión a Washington”. También lo oímos hablar, en la conferencia de prensa final en Oslo, de las acciones de las bandas paramilitares, de sus crímenes y de los robos de tierras a los campesinos, lo que ha provocado una masa enorme de desplazados.
El representante del gobierno, Humberto de la Calle, procuró limitar los alcances del debate, señalando que “ni el modelo económico, ni la doctrina militar ni la intervención extranjera están en discusión. La mesa se limitará sólo a los temas que están en la agenda. Las ideas que quieran ventilar las FARC les corresponden y una vez que acabe el conflicto tendrán que hacerlo sin armas”.
El alto al fuego
El otro tema objeto de intensa discusión, en todos los ámbitos, es el del alto al fuego mientras duren las conversaciones de paz. De la Calle reiteró categóricamente la posición negativa del gobierno, la cual ha sido objeto de una crítica generalizada, tanto en el plano interno como internacional. Expresó que no habrá alto el fuego entre el gobierno de Colombia y los rebeldes hasta que las partes lleguen a un acuerdo de paz final. “Vamos a seguir cumpliendo nuestra obligación militar”, afirmó.
En este caso la réplica estuvo a cargo de otro delegado de las FARC, el comandante José Santrich. Expresó su confianza en que el diálogo permita la obtención de la paz con justicia social para poner fin al conflicto, y agregó: “Hemos sido reiterativos en afirmar que buscamos la paz para Colombia y que hemos propuesto un cese al fuego. El gobierno de Colombia dice que lo hará al final. Seguro que necesita un poco más de muertos y lisiados. Lo que nosotros queremos es ahorrar sangre y sufrimientos”.
En la conclusión Iván Márquez señaló que “de aquí partiremos a La Habana para incorporarnos a esta tarea de búsqueda de la paz, para sostener reuniones con equipos de diálogo que ha designado el presidente Santos”, que incluyen también a los militares.
Participación de la sociedad civil y solidaridad mundial
Organizaciones de la sociedad civil colombiana, y en particular el movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz, sostienen que las mismas deben participar activamente en el proceso de paz iniciado entre el gobierno y la fuerza insurgente. En su nombre, la ex senadora Piedad Córdoba, que ha tenido destacada intervención en múltiples gestiones de paz (liberación de retenidos y otras acciones) dice que “queremos participar en el proceso de paz como parte de la sociedad civil” y que ello significa dar un paso hacia una democracia participativa. El movimiento ya ha organizado marchas y manifestaciones en todo el país en apoyo a las conversaciones de paz. Piedad Córdoba propuso también que los diálogos a llevarse a cabo en La Habana sean transmitidas en directo por los medios de comunicación, para que el pueblo conozca de primera mano el curso de las negociaciones. Dijo que diversas organizaciones colombianas han encontrado una ruta común que tiene como objetivo la búsqueda de la paz, motivadas por el hecho de que en las últimas décadas han desaparecido en el país sesenta mil personas, ocho millones de hectáreas han sido arrebatadas a los campesinos y se han producido más de cien mil ejecuciones extrajudiciales.
El proceso de paz en Colombia ha despertado una oleada de solidaridad internacional, expresada desde el pronunciamiento unánime la UNASUR a las declaraciones de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Nevi Pillay o a las del ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias, con vasta experiencia en los tratados de paz en América Central. El gobierno uruguayo expresó en comunicado oficial el 6 de setiembre que “el fin de la violencia y la pacificación constituye un lógico anhelo de la hermana República de Colombia, y en este sentido Uruguay apoya estos esfuerzos por entender que el resultado exitoso de los mismos redundará en beneficio del pueblo colombiano y de toda la comunidad internacional”.
Una declaración del PC francés en apoyo al diálogo de paz en Colombia señala que “la paz es posible si se reconoce el derecho a la tierra y el respeto al derecho de las víctimas a la reparación, si no deja lugar a la impunidad y si los derechos a la seguridad y al ejercicio de la democracia son garantizados”, reafirmando en conclusión “su solidaridad con el pueblo colombiano que se moviliza a favor de la paz, y con las fuerzas progresistas y democráticas que actúan para que la esperanza se transforme en realidad”.
Un futuro abierto
A lo largo de este casi medio siglo hubo varios intentos de concertar la paz, que fracasaron. En el período de gobierno de Belisario Betancur, de 1982 a 1986, se inició un proceso de paz y de paulatino retorno de los guerrilleros a la vida civil. A ello correspondió la conformación de la Unión Patriótica, que inició su participación en la vida política. Pero finalizado ese período, sobrevinieron los asesinatos en serie de sus líderes: en 1987 el candidato presidencial de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, y en 1989 el senador liberal Luis Carlos Galán. En marzo de 1990 fue asesinado Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la Unión Patriótica, y 20 días después su sustituto Carlos Pizarro, mientras las bandas paramilitares extendían su acción criminal a buena parte del país.
Bajo el gobierno de Andrés Pastrana, de 1998 a 2002, se renovaron los intentos de paz. Todos recordamos las reiteradas imágenes del presidente Pastrana caminando y conversando con Manuel Marulanda, líder histórico de las FARC, en la desmilitarizada zona del Caguán. Pero la situación no varió.
Ahora puede ser distinto. El proceso de paz cuenta con un formidable aliento, tanto nacional como internacional. Sin duda será un proceso largo y erizado de dificultades, pero es posible que llegue a buen puerto. En ello está empeñada la dirección de las FARC, en sintonía con el sentimiento de la inmensa mayoría del pueblo.
El 4 de setiembre Juan Manuel Santos anunció desde la sede presidencial en Bogotá el inicio del diálogo en Oslo y su continuidad en Cuba. Una hora después se difundió desde el Palacio de las Convenciones de La Habana un mensaje del actual líder de las FARC, Timoleón Jiménez, conocido como Timochenko, emitido desde “las montañas de Colombia” y acompañado por una imagen de Marulanda. Expresó que “la salida no es la guerra sino un diálogo civilizado” y aludiendo precisamente a la experiencia del Caguán, sostuvo que “Colombia entera debe ponerse en pie para impedir que esto suceda otra vez”.Afirmó que “la llave de la paz no reposa en el bolsillo del presidente Santos ni en el del comandante de las FARC sino que se encuentra en el pueblo de este país”, y llamó a una movilización general, a las marchas por la paz.
Esta perspectiva está abierta.
Publicado en BITÁCORA Nº 489, edición digital, 22 de octubre 2012
