GLORIA INÉS RAMÍRZ RÍOS
Senadora de la República elegida por el PDA

Los medios de comunicación han informado con gran despliegue que en el día de ayer (27 de agosto) fue firmado en la ciudad de La Habana (Cuba) una acuerdo entre representantes del gobierno colombiano y de las FARC para iniciar un proceso de diálogos formales, con el compromiso de no levantarse de la mesa hasta no suscribir un pacto de paz, y el Presidente de la República, a su turno, ha confirmado que se realizan diálogos exploratorios para buscar la paz.
Para la inmensa mayoría de nuestro pueblo, particularmente para quienes hemos luchado durante largos años por la salida negociada al conflicto interno, se trata de la noticia más importante de los últimos tiempos y una de las más esperadas por nuestro país.
Simultáneamente, el Comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, ha dicho que su organización está dispuesta a iniciar un diálogo de paz sin condiciones, que podría darse en conjunto con las FARC, para ponerle fin al conflicto, lo que hace aún más promisorias las posibilidades de acabar de manera civilizada cerca de 50 años de confrontación armada.
Este hecho constituye un triunfo muy significativo para las fuerzas sociales y políticas amigas de la paz, y es una derrota de los sectores guerreristas, que no conciben alternativa distinta de la paz de los sepulcros.
Varios sondeos recientes de opinión indican que la gran mayoría de la población respalda el diálogo para la paz, y lo propio han hecho ONG’S de derechos humanos, dirigentes políticos, militares en retiro, el Presidente del Consejo de Estado, el Fiscal General de la Nación y voceros de diversos sectores de la opinión pública, así como el Representante de Naciones Unidas y la comunidad internacional. Sin embargo, experiencias de procesos anteriores enseñan que la ultraderecha hará todo lo posible por descalificar y torpedear las negociaciones y que el proceso que está por iniciarse no será ajeno a esa realidad.
Es así como el ex presidente Uribe ha creado el llamado Frente Contra el Terrorismo, con el propósito de oponerse a cualquier negociación con la guerrilla, y ahora ha lanzado una agresiva andanada contra el diálogo con el argumento delirante de que favorece la reelección del Presidente de Venezuela Hugo Chávez. Con el cinismo que lo caracteriza, se olvida de que durante su segundo mandato él también hizo gestiones orientadas a buscar el diálogo con la guerrilla.
El movimiento popular y todos los partidarios de la paz tienen, entonces, el reto de rodear la negociación y de movilizarse para conjurar cualquier provocación o sabotaje. El gobierno, por su parte, debe adoptar medidas de protección eficaces y oportunas para las personas y organizaciones en riesgo y ofrecer las debidas garantías para la movilización popular.
En lo que respecta a la agenda del diálogo, debe tenerse en cuenta que de lo que se trata no es de firmar la rendición, sino de ocuparse de los temas relativos a las causas que le dieron origen al conflicto y lo han alimentado, para evitar que vuelva a reproducirse. Nosotros concebimos el diálogo como una oportunidad histórica para sentar las bases de un mejor país y no como un simple medio para salir de la confrontación armada. Por lo tanto, a nuestro juicio, el diálogo debe conducir a la construcción de acuerdos sobre los cambios democráticos avanzados que necesita la sociedad colombiana para lograr una paz digna que tenga como fundamentos la democracia y la justicia social, que garantice los derechos de las víctimas y que le ofrezca a la insurgencia posibilidades reales de hacer política y de reintegrarse a la vida civil en condiciones de dignidad.
Como Senadora de la República elegida por el Polo Democrático Alternativo, saludo la apertura del diálogo entre el gobierno y las FARC y aspiro a que incluya también al ELN; manifiesto mi plena disposición a contribuir a su desarrollo exitoso y llamo a todas y todos los colombianos amantes de la paz a defender este logro tan difícilmente alcanzado y a rodearlo del más amplio respaldo para que pueda culminar, por fin, en un pacto de paz para nuestro país.
Bogotá, D.C., 28 de agosto de 2012