Resolución del GT del Foro de São Paulo
25 de julio de 2020
Bolivia, desde el golpe de Estado cívico-policial-militar del pasado 10 de noviembre contra el presidente Evo Morales, vive un Estado de Excepción permanente que tiene por objetivo la destrucción material y simbólica de la Revolución Democrática y Cultural. El régimen, que se apoya en la represión física de parte de los aparatos policial y militar, se ha propuesto, a como dé lugar, cerrarle las puertas de acceso a la participación política de los pueblos indígena originario campesino y de los trabajadores de las ciudades.
La pandemia se ha convertido en el instrumento para evitar que Bolivia recupere la institucionalidad democrática. El gobierno constituido ilegalmente el año pasado tenía dos misiones: la pacificación del país y la convocatoria inmediata a las elecciones. La pacificación no se ha logrado y, por el contrario, el odio y la venganza orientan su política general, con un saldo de más de un centenar de personas detenidas preventivamente en las cárceles, cientos de refugiados en otros países, 7 ex autoridades a quienes se les niega salvoconductos para salir de la embajada de México –que les concedió el asilo-hasta la nación norteamericana, y dirigentes sociales amenazados permanentemente con ser encarcelados.
Las elecciones generales, con el pretexto de la pandemia, se han postergado tres veces desde mayo pasado. Las elecciones generales establecida por ley para este 6 de septiembre, cuyo cumplimiento demandan el MAS y los movimientos sociales, ha sido postergada unilateralmente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el 18 de octubre, la que tampoco está asegurada debido a la presión de organismos cívicos y de partidos de ultraderecha de que se haga una nueva convocatoria a elecciones. Para lograr ese objetivo se pretende seguir violando la Constitución Política del Estado por la vía de cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), incluso con la participación militar.
Pero, además, en este estado de no derecho, existe la sería intención de proscribir al MAS de la participación electoral al acusarle de un delito electoral que no cometió, con lo que se lograría, de consumarse este atentado a la democracia representativa, una radical expulsión de la política del partido de izquierda más grande de la historia del siglo XXI en Bolivia y que lidera la intención de voto.
La violación de la Constitución se ha convertido en la constante y la abierta transgresión de los Tratados internacionales ya es la norma, como ocurre con el frecuente acoso a la Residencia de la embajada de México y la intervención, por segunda vez, de la clínica del Colaborador, de propiedad del Estado cubano, el pasado 21 de julio.
Por esta razón, el Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo acuerda:
- 1.Rechazar cualquier intento de proscripción del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia.
- 2. Respaldar a los movimientos sociales que se encuentran movilizados por la defensa de la vida, la democracia, la educación, la salud y el trabajo.
- 3. Expresar nuestra solidaridad con el ex presidente Evo Morales, refugiado actualmente en Argentina, quien permanentemente esta denunciado ante la justicia de ese país por delitos que no cometió y que sólo persiguen estigmatizarlo dentro y fuera de Bolivia.
- 4. Activar mecanismos de alerta institucionales y políticos en América Latina y el Caribe, pero también en la Unión Europea, para denunciar los planes prorroguistas de una ultraderecha que no llegó al gobierno por votos sino por un violento golpe de Estado el 10 de noviembre de 2019 y que se sabotea la realización de elecciones.
- 5. Alertar que en Bolivia las fuerzas de derecha están dispuestas al cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional con participación militar y a reprimir a los movimientos sociales durante seis meses seguidos si es necesario, tal como ha señalado el Ministro de Gobierno de ese país.
- 6. Exigir la libertad de los presos y presas políticas de cárceles bolivianas; libertad de las siete ex autoridades rehenes del gobierno boliviano a quienes, en franca violación del derecho internacional al asilo, se les niega salvoconductos para que se dirijan a México, país que les otorgó el 14 de noviembre de 2019 su condición de asilados; y, el cese de la persecución política de los y las dirigentes indígenas campesinos y obreros.
- 7. Denunciar la violación de los Tratados Internacionales al acosar permanentemente la Residencia de la embajada de México y por la reciente intervención de la Clínica del Colaborador de propiedad del Estado de Cuba.
- 8. Acompañar militantemente el Festival de Música digital por la Libertad de las siete ex autoridades del gobierno de Evo Morales y de los presos y presas políticas fijada para el 6 de agosto próximo.