Agenda política feminista 2018, Las Constituyentes CDMX Feministas
Ciudad de México, 29 de mayo de 2018.
Las Constituyentes CDMX Feministas, organización apartidista, plural e incluyente, preocupadas por la situación de crisis derivada de la sistemática violación a los Derechos Humanos que prevalece en el país y, particularmente, por la situación de violencia y desigualdad que sufren las mujeres, en concordancia con nuestros irrenunciables y tomando como marco la actual coyuntura electoral, presentamos a la sociedad mexicana, a los partidos políticos, candidatas y candidatos, así como a colectivos feministas y de mujeres esta Agenda Política Feminista 2018 con la intención de contribuir a generar procesos de discusión y diálogo y poner en el centro del debate nacional los problemas que afectan a las mujeres mexicanas.
Vemos con preocupación que dentro de las plataformas políticas electorales se carece de una perspectiva de Derechos Humanos y no se vislumbran políticas públicas con enfoque de derechos; así mismo, que en los dos debates realizados entre candidatos a la presidencia de la República ellos no se pronunciaron sobre la grave problemática que aqueja a las mujeres.
La Agenda Política Feminista 2018 que hoy presentamos es el resultado de un proceso democrático interno a partir del trabajo efectuado al seno de las comisiones temáticas de nuestra colectiva.
Los ejes temáticos de la Agenda y las propuestas específicas se describen a continuación.
Garantía a una Vida Libre de Todo Tipo de Violencia
México padece una crisis de Derechos Humanos con más de 30 mil desaparecidos y 239 mil muertos. La ENDIREH 2016 señala que 66.1% de los 46.5 millones de mexicanas mayores de 15 años ha sufrido violencia y 78.6% de las mujeres violentadas por su pareja no presentó denuncia; en los últimos 5 años se han registrado casi 3 millones de casos de violencia sexual de los cuales 90% son contra mujeres; 4 de cada 10 víctimas son menores de 15 años; 9 de cada 10 agresiones son cometidas por hombres y el 60% de las agresiones suceden en el hogar de las víctimas. De acuerdo con el INEGI, en 2016 se suscitaron más de 2700 asesinatos a mujeres y solo en un 25% de los casos se ha iniciado investigación por feminicidio. Actualmente, se ejecutan 7 feminicidios cada día, mientras que el mecanismo de la Alerta de Género ha resultado ineficaz al estar sujeto a cálculos políticos de los gobiernos en los estados.
Propuestas:
– Reconocimiento por parte del Estado de la crisis nacional de violación a los Derechos Humanos y Derechos Humanos de las Mujeres.
– Erradicación de las causas culturales de la desigualdad y violencia que se traducen en sexismo, machismo, lesbofobia, bifobia, transfobia y heterofobia.
– Reforma de la legislación federal y las locales para que todos los tipos de violencia sean penalizados (recomendación # 29 de la CEDAW).
– Garantía de que los delitos de feminicidio y transfeminicidio se tipifiquen y adecúen en las legislaciones local y la federal, acorde con el Principio de Impartición de Justicia.
– Establecimiento de mecanismos eficaces que garanticen la prevención, combate, sanción y erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres.
– No a la explotación sexual.
– No a la mercantilización de los cuerpos de niñas y mujeres.
– Declaración de la Alerta de Género a nivel nacional.
– Atención a mujeres en situación de conflicto (desplazadas, sobrevivientes de la violencia de género, madres de desaparecidos, defensoras de Derechos Humanos).
Paridad, Participación Política y Ciudadanía de las Mujeres
En los espacios de toma de decisiones a nivel nacional, no existe una participación y representación sustantiva de las mujeres, a pesar de que las mujeres en edad de votar constituyen aproximadamente el 66% de la población de más de 18 años, del total de las personas que se inscribió en el Padrón Electoral para obtener su credencial para votar, 51.6% son mujeres.
Propuestas:
– Cumplimiento y garantía de la Democracia Paritaria.
– Construcción de ciudadanía que se traduzca en autonomía política, física y económica de las mujeres.
– Respeto al Derecho a la Identidad estipulado en el Artículo 4º Constitucional.
– Paridad Sustantiva, transversal, horizontal y vertical, con igualdad de oportunidades en la representación popular, órganos administrativos y jurisdiccionales.
– Respeto a la Norma Marco sobre Paridad Sustantiva suscrita por México.
– Creación de un Órgano Autónomo a nivel federal que evalúe los avances en igualdad sustantiva.
– Establecimiento de mecanismos institucionales y ciudadanos para la transparencia y rendición de cuentas de los tres niveles de gobierno.
– Asignación de presupuestos transversales etiquetados que hagan efectivos los Derechos de las Mujeres.
– Diseño de Políticas Públicas basadas en los principios de igualdad sustantiva y justicia social.
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, DESCA
Actualmente, por causales sociales, políticas y económicas, los DESCA, no se visibilizan, pese a que son igualmente importantes de acuerdo al principio de integralidad e interdependencia de los Derechos Humanos. Se han reducido a programas ineficaces y confundidos con servicios a los que se accede limitadamente o bajo condicionamientos. Esto es producto de la lógica neoliberal que ocasiona la precarización del trabajo, la imposibilidad de acceder a un techo y el despojo de bienes comunes, como el agua, la tierra y el territorio.
El impacto de la falta de reconocimiento y aplicación de los DESCA repercute más profundamente en las mujeres, debido a las relaciones de poder enmarcadas en un sistema patriarcal del que no se logrado salir. Asimismo, con la falta de su ejercicio, se las violenta en todos sentidos y espacios, en lo individual y lo colectivo; en materia del desarrollo laboral, prevalece la desigualdad de oportunidades y salarial; en el acceso a la tierra, son menos que los hombres las mujeres titulares de la propiedad. La escasez de alimento, la ausencia de programas de salud integral y el bajo acceso a la educación y la cultura repercute más en las mujeres debido a la doble vulnerabilidad en que se les coloca por razón de género.
Propuestas:
– Garantía efectiva a la protección y al Derecho a la libre determinación y autonomía de las mujeres y los pueblos.
– Respeto a la pluriculturalidad e integración de los pueblos originarios, afro mexicanos y comunidades indígenas del país.
– Respeto a los Derechos de la población migrante, a los desplazados, afrodescendientes e indígenas.
– Cumplimiento de los Derechos de la niñez, juventud, personas que viven con discapacidad, enfermos terminales y personas mayores.
– Garantía del trabajo digno que empodere económicamente a las mujeres y transforme cualitativamente su calidad de vida. No a la precarización laboral.
– Reconocimiento del trabajo doméstico, remunerado y no remunerado.
– Respeto a los contratos colectivos de trabajo y a la autonomía sindical.
– Ratificación del Convenio 189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos y del Convenio 156 para eliminar la discriminación por motivos de género en las responsabilidades familiares y laborales propuestos por la OIT.
– Democratización de las labores domésticas y de cuidados, remuneradas y no remuneradas.
– Garantía de la correcta aplicación de los procedimientos, reparaciones y sanciones efectivas, en virtud de la legislación aplicable al acoso sexual en todos los espacios, laborales, educativos y comunitarios.
– Garantía del desarrollo comunitario sostenible en lo individual y lo colectivo.
– Defensa de los ecosistemas y territorios y de la erradicación de proyectos extractivistas.
– Garantía de la participación de las mujeres en los procesos políticos, comunitarios y sociales.
– Garantía del acceso a la tenencia de la tierra de las mujeres y titularidad de propiedades colectivas o individuales.
– Respeto a la soberanía alimentaria de los pueblos y facilidad para obtener alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, asequibles y producidos de forma sostenible y ecológica.
– Respeto al derecho a decidir el propio sistema alimentario y productivo. No a los transgénicos.
– Garantía del acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible para todas las mujeres.
– Prohibición a que las fuentes de agua sean sobreexplotadas y contaminadas por actividades industriales, extractivas y agroindustriales y seguridad de que los actores estatales y no estatales prevengan los daños y remedien los ya ocasionados.
– Garantía del acceso a vivienda personal y unifamiliar adecuada, con perspectiva social y de Derechos Humanos.
– Respeto a la defensa del arraigo vecinal y de los comercios barriales. Erradicación de la gentrificación.
– Garantía del acceso universal a servicios de salud gratuitos e integrales, con pertinencia cultural y con respeto al Derecho de las Mujeres a Decidir sobre sus cuerpos. No más violencia Obstétrica.
– Garantía del acceso a la educación, bajo los principios de universalidad, disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y gratuidad en todos los niveles, de acuerdo con el Artículo 3ro Constitucional.
Derecho al Tiempo y al Cuidado
Ante el creciente porcentaje de personas adultas mayores, la sociedad neoliberal, capitalista y patriarcal ve con preocupación el incremento del costo en los servicios para atender a esta población, además de cuidar de personas enfermas, cuidados a infantes y trabajo doméstico para la reproducción de la mano de obra laboral. La solución patriarcal a este problema es delegar la economía doméstica y la economía del cuidado en manos de las mujeres de forma gratuita y obligatoria, y sin atender a la obligación que tiene el Estado para asumir su responsabilidad en esta materia.
El sistema patriarcal ha expropiado el tiempo de las mujeres, mandatando la obligación de éstas de dedicar todo su tiempo “para otros”, encargándose del trabajo doméstico, del cuidado de niñ@s, enferm@s y personas mayores, así como del trabajo comunitario.
Es necesario que se diseñen y establezcan mecanismos en distintos niveles para que los hombres se responsabilicen, junto con las mujeres del trabajo doméstico y de la economía del cuidado, siendo éste un trabajo de cuidado democrático y sororal.
Propuestas:
– Establecer la universalidad del cuidado como corresponsabilidad del Estado, colocando el tema como aspecto estructural del sistema social.
– Educar a hombres y mujeres en los principios de la corresponsabilidad, reciprocidad, generosidad y empatía aplicada a la economía del cuidado y al trabajo doméstico.
– Crear el Sistema Nacional de Cuidados.
– Aplicar el derecho a ser cuidad@ con calidad humana y servicios integrales a menores de edad, personas con discapacidad, enfermas y mayores.
– Otorgar reconocimiento de Derechos Laborales y respaldo económico para el trabajo doméstico y de cuidados de las amas de casa.
– Crear un nuevo derecho: Derecho de las Mujeres al Tiempo para sí mismas.
– Todas las mujeres deben tener Derecho al Tiempo para uso, goce y disfrute para sí mismas y contar con los recursos económicos y asistenciales para tal efecto. Lo anterior en pro del empoderamiento de las mujeres en todas las etapas y aspectos de su vida.
Acceso a la Justicia
Ante la crisis de los Derechos Humanos de las Mujeres en el país, consideramos preocupante la normalización de la violencia existente. El patriarcado ha invisibilizado nuestros derechos, principalmente por la deficiente y muchas veces omisa impartición de Justicia en nuestro país, especialmente para las mujeres, debido a la impunidad y falta de investigación que prevalece (según el Índice Global de Impunidad 2017, México se encuentra en el cuarto lugar de países con mayor índice en esta materia, con 69.21%), por lo que las mujeres nos encontramos con obstáculos para acceder a un debida procuración de Justicia, incluso a la asesoría jurídica necesaria.
Nuestros objetivos son fortalecer el principio pro persona y el de progresividad de los Derechos Humanos de las Mujeres, así como el del libre desarrollo de la personalidad.
Propuestas:
– Revisión del mecanismo de la alerta de género para garantizar su efectiva aplicación.
– Creación de la Alerta Violeta como mecanismo internacional, multidisciplinario, con incidencia y actuación de orden local para generar
– acciones inmediatas, estratégicas y de carácter urgente para prevenir, identificar, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, respondiendo a las condiciones y calidad de vida de los territorios que habitamos y transitamos.
– Justicia pronta, expedita y gratuita, con perspectiva de género e integración de un solo expediente que sea resguardado a través del debido proceso, bajo sanción ante una probable pérdida.
– Cumplimiento irrestricto de los Derechos Humanos de las Mujeres establecidos en la legislación mexicana: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Acceso para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Mecanismo de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres, Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras normativas al respecto.
– Observación de los más altos estándares, convenciones y tratados internacionales en relación a los Derechos Humanos de las Mujeres, como la CEDAW, la Convención de Belem Do Pará y la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing, entre otros.
– Eliminación de la alienación parental en los Códigos Civiles de los estados para evitar la violación al principio del interés superior de la infancia y los derechos de las mujeres que defienden a sus hijos de la violencia.
– Revisión del mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para garantizar su efectiva aplicación.
– Armonización de leyes, protocolos, mecanismos, códigos procedimentales nacionales e internacionales, para impulsar la fusión en un solo organismo que conjunte el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Grupos de Trabajo para atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, tanto a nivel nacional, estatal y local, evitando la duplicidad de funciones y organizando con más efectividad los presupuestos asignados a este efecto.
– Sanción a las autoridades y medios de comunicación que desarrollen campañas de desprestigio, revictimización y criminalización a las víctimas de todo tipo de violencia, principalmente la feminicida.
– Desarrollo de campañas intensivas de información y capacitación sobre las leyes, protocolos nacionales e internacionales dirigidas a los mandos policiacos, agentes del Ministerio Público, jueces y magistrados para dar cumplimiento expedito a la instrumentación de la normatividad con perspectiva de género, salvaguardando siempre los principios rectores de toda administración pública, entre los que se incluyen la evaluación y las sanciones respectivas a quienes falten a sus funciones en la procuración de justicia para las mujeres, en un marco de respeto a sus Derechos Humanos.
– Facilitar a las mujeres las herramientas, mecanismos y procedimientos jurídicos, fomentando su confianza en la cultura de la denuncia, desde la perspectiva de género, del respeto y garantías de los derechos humanos, a partir del conocimiento teórico y práctico de las obligaciones y responsabilidades de la administración pública federal y local, particularmente en las instituciones de procuración de Justicia.
Disidencias Sexogenéricas
La heteronormatividad se ha encargado de invisibilizar a las personas que se encuentran fuera de ella, provocando una vulnerabilidad acumulada que dificulta aún más el acceso y exigibilidad de los Derechos Humanos. Ante la irresponsabilidad del Estado Mexicano al asumir posturas de omisión e indiferencia, así como la incompetencia para ejercer la Justicia y no actuar conforme a Derecho con medidas urgentes ante los feminicidios, crímenes de odio por lesbofobia, bifobia y transfobia; así como el atropello de los Derechos Humanos de las poblaciones de la diversidad sexogenérica, consideramos de importancia prioritaria la inclusión de los siguientes puntos a la Agenda Política Feminista 2018 por los Derechos de todas las Mujeres de todas las condiciones y en todas las circunstancias:
Propuestas:
– Respeto a la diversidad sexogenérica.
– Que el Estado Mexicano aplique en todos sus niveles políticas públicas tomando como base fundamental los contenidos de herramientas internacionales tales como: los Principios de Yogyakarta, Beijing + 10 y los tratados internacionales de la CEDAW y Belem Do Pará.
– La inclusión a nivel federal de las tres poblaciones Travesti, Transgénero y Transexuales
– TTT
– y su visualización e integración en todas las políticas públicas del Gobierno Mexicano en todos sus niveles tomando como precedente la inclusión de las poblaciones TTTrans en el Artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México, que reconoce el acrónimo LGBTTTI, correspondiente a las poblaciones Lésbica, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual e Intersexual.
– El reconocimiento y visibilidad de los Derechos de las Mujeres Bisexuales y por una nueva cultura de la diversidad sexual desde perspectivas no monogámicas.
– Creación de la Ley Federal de Identidad Sexogenérica que homologue los programas y oficinas del Registro Civil de todos las entidades del país que permita la rectificación del nombre y genero de las personas TTTrans sin intervención médica y a través de trámites administrativos de acceso público, como es posible ya en los estados de Nayarit, Michoacán y la CDMX.
– La armonización en todos los documentos y certificados oficiales y en los que sea necesario, tales como la expedición de certificados de educación, actas de defunción, CURP, pasaporte, etcétera.
– Creación del Instituto Nacional de la Diversidad Sexo–‐genérica.
– El reconocimiento del derecho de todas las mujeres lesbianas y bisexuales, así como heterosexuales a la maternidad autónoma y a la Interrupción Legal del Embarazo. Y el de sus parejas o familias a una vida sin violencia aún si deciden vivir dentro o fuera del matrimonio.
– Que en todas las instituciones gubernamentales, se implementen mecanismos que resguarden las identidades sexuales de fraudes y de ser usadas como herramientas para ejercer violencia, como el reciente caso de candidatos cisgénero heterosexuales que fingieron ser transgénero y transexuales para cubrir con el requisito de paridad para sus partidos políticos.
Garantía del Estado Laico
La laicidad del Estado Mexicano es fundamental para la convivencia ciudadana a partir del respeto, la tolerancia y la libertad de creencias. Necesitamos un Estado democrático a efecto de no dar cabida a regresiones autoritarias que vulneren el carácter laico de la República puesto que este fundamento es primordial para el avance de los Derechos de las Mujeres. El llamado frente nacional por la familia pretende vulnerar los derechos ya alcanzados y enmarca su activismo en una regresión violatoria a los Derechos Humanos, además de que algunas creencias religiosas quieren controlar el cuerpo de las mujeres atentando contra su autonomía y autodeterminación. La CEDAW, en julio de 2012, instó al Estado Mexicano a que “armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir su embarazo de forma legal y amplié, también, el aborto legal”.
Propuestas:
– Respetar la secularidad del Estado. Respeto absoluto al principio constitucional del Estado Laico, con la sanción correspondiente a toda violación u omisión de su resguardo por las instancias gubernamentales.
– Armonización legislativa del ámbito local con el federal, acorde con las Convenciones Internacionales signadas por México en materia de Equidad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación.
– Derogación de todas las disposiciones legales que discriminen a la mujer; poner fin a la criminalización de las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo.
– Derecho efectivo de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo desde un enfoque crítico con el heterosexismo y la heteronormatividad respeto a la autonomía y autodeterminación del cuerpo de las mujeres.
– Elevar a rango constitucional el derecho al aborto legal.
– Fortalecer la educación laica y gratuita, garantizando la educación sexual bajo bases científicas. Educación sexual en todos los niveles eliminando estereotipos culturales discriminatorios.
– Anteponer el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a la objeción de conciencia. Rechazamos categóricamente el privilegiar las ideologías y creencias religiosas a los derechos humanos y derechos humanos de las mujeres.
Las Constituyentes CDMX Feministas…
– Exigimos se cumpla de manera efectiva la Paridad de Género de manera horizontal y vertical en todos los puestos de elección y el cese a la violencia política principalmente a la generada por razones de género contra las mujeres.
– Convocamos al Movimiento Feminista, en general, y al Movimiento Amplio de Mujeres para que impulsemos juntas una sola Agenda Política en favor de los Derechos Humanos de todas las Mujeres.
– Hacemos una amplia invitación a todas las mujeres del país para reivindicar y hacer valer nuestro Derecho al Voto, a ser votadas en igualdad de condiciones y a defender la voluntad del pueblo.
¡Nunca más un gobierno sin mujeres; exigimos paridad!
¡Por un desarrollo igualitario y sostenible!
¡Por un país libre de todo tipo de violencias patriarcales!