Actividad del PRD por la reforma energética en México

Cárdenas Solórzano México D.F., a 19 de agosto de 2013

Transcripción del discurso del ingeniero cuauhtémoc Cárdenas Solórzano durante la presentación de la propuesta de la reforma energética del Partido de la Revolución Demorática, en el monumento a la revolución.  Compañeras, compañeros, amigos todos, muy queridos amigos, quiero antes que otra cosa enviar un saludo solidario y afectuoso a nuestro compañeros que hoy pasa por una situación de salud delicada, Raúl Álvarez Garín, compañero (inaudible) de todos nosotros. Estamos hoy reunidos para reafirmar nuestra convicción patriótica, revolucionaria y progresista así como nuestra decisión de lucha ante la amenaza oficial, entreguista y neoliberal de reformas constitucionales y legales con el claro objetivo de desplazar al Estado mexicano del control y manejo de su riqueza petrolera puntal de su independencia económica. El pasado día 12 el titular del Ejecutivo federal remitió al Congreso la iniciativa para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución en sus párrafos sexto y cuarto respectivamente. A esto se reduce hasta ahora la propuesta de reforma energética del Ejecutivo, nada se dice de las adecuaciones necesarias, de leyes secundarias que tendrían que llevarse a cabo de aprobarse esta iniciativa, la que no por reducida e incompleta deja de ser atentatoria contra la soberanía y el desenvolvimiento independiente de la Nación.
Al presentar esta propuesta y enviarla al Congreso, el Ejecutivo ha señalado que de aprobarse, se ofrecería a los usuarios de electricidad a tarifas menos gravosas que las actuales, que se modificará el régimen fiscal al que se tiene sometido a Petróleos Mexicanos para hacerlo competitivo y yo aquí me preguntaría ¿frente a quién?, pues los costos de exploración, producción y desarrollo de Pemex son actualmente menores que los de Statoil de Noruega, ExxonMobil de Estados Unidos, ENI de Italia, Petrobras de Brasil, Chevron de Estados Unidos, entre otros.
Nos dicen también que el organismo tendrá una estructura administrativa con un gobierno corporativo que tendrá mayor, desde luego no plena, autonomía de gestión y nada menciona de la autonomía presupuestal, nos dice que mejorará las condiciones de transparencia y rendición de cuentas y por qué no desde ya, y que en las compras y proyecto de Pemex habrá mayores contenidos nacionales, con estos cambios, expresa el Ejecutivo se logrará una mejor restitución de reservas, la producción de crudo se elevará a millones de barriles diarios en 2018 y a 3.5 millones en 2025 y la de gas pasará de 5,700 millones de pies cúbicos diarios a 8 mil en 2018 y a 10 mil en 2025.
Otros impulsores de la iniciativa oficial agregan a estas supuestas bondades que se generará medio millón de nuevos empleos para 2018 y dos y medio millones más para 2025, que el gas natural doméstico resultará también más barato al consumidor y que la economía mexicana crecerá un punto porcentual más en 2018 y dos más en 2025. Todos estos supuestos logros suenan a cuentas alegres y en el mejor de los casos a buenos deseos. No hay cifra que las sustente, ni un análisis y proyecciones serias de la economía nacional en los próximos años y un estudio del desenvolvimiento de la industria petrolera internacional ni menos la definición de una política petrolera integral que requiera de esos montos de producción de mayores o menores en los horizontes de 2018 y 2025.
La propuesta de reforma del sector energético que ahora se presenta con una visión nacionalista y progresista corresponde a la de un país que busca el rescate y ejercicio pleno de su soberanía, no una nación que día a día ceda soberanía y acreciente su dependencia, que cuente con una industria energética conductora del crecimiento económico y de la industrialización, no al servicio de intereses ajenos, con organismos operadores, en este caso Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, sanearlos de corrupción, que operen con absoluta transparencia, eficiencia y eficacia.
Las reformas que se proponen se enmarcan en una política petrolera con los objetivos siguientes:
·         Prologar lo más posible la vida de las reservas, satisfaciendo al mismo tiempo la demanda nacional de hidrocarburos;
·         Para obtener los mayores beneficios de los recursos naturales y frente a una perspectiva de autosuficiencia a corto plazo del cliente principal de las actuales exportaciones mexicanas de crudo, disminuir gradualmente, al ritmo más rápido posible, las exportaciones de este recurso para transformarlo industrialmente en el país;
·         Desarrollar las cadenas productivas de la industria petrolera, con el fin de agregar valor a los productos, generar empleos y estimular los desarrollos regionales;
·         Aumentar la capacidad de refinación, de inmediato en 600 mil barriles diarios, capacidad de refinación que de empezar ahora podría estar disponible en 2017 e iniciar nuevas instalaciones  en 2017 con capacidad del orden en 300 barriles diarios;
·         Fomentar nuevas inversiones privadas y públicas en la industria petroquímica y en la construcción de gasoductos;
·         Incrementar la exploración y reposición de reservas como mínimo de 100 por ciento de los volúmenes extraídos y exportar sólo los volúmenes que excedan las necesidades internas y la propia reposición.
De manera concreta, nuestras iniciativas pretenden alcanzar los siguientes objetivos:
·         Conceder autonomía presupuestal y de gestión de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad;
·         Se otorga esta autonomía para ejercer los recursos aprobados en función del plan de negocios de Pemex y las necesidades energéticas del país;
·         Y habría desde luego sacar a Pemex y a la Comisión Federal del presupuestos federal y del control de la Secretaría de Hacienda a través de: Primero, transformar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en empresas públicas y también mediante un nuevo gobierno corporativo, integrado verticalmente a Pemex en una sola entidad y desapareciendo los organismos subsidiarios. ·         Reducir la carga fiscal de Pemex;
·         Impulsar la transición energética;
·         Apoyar el desarrollo e investigación tecnológica;
·         Fortalecer la arquitectura institucional del sector, esto es: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía pasan de ser organismos desconcentrados a organismos descentralizados, con personal jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, operativa y funcional y se amplían las facultades de la Comisión Nacional de hidrocarburos en materia de supervisión, verificación y vigilancia de Pemex;
·         Habría que dar nuevo destino a los recursos provenientes del petróleo, para ello se crean el Fondo para excedentes petroleros y los ingresos excedentes que la nación obtiene de su riqueza natural podrán ser utilizados por resolución expresa de la Cámara de Diputados o en su caso la Comisión permanente del Congreso para proyectos prioritarios de Pemex, el Instituto Mexicano del Petróleo y la Comisión Federal de Electricidad, en proyectos de infraestructura para el transporte masivo de personas con el fin específico de contribuir al ahorro de combustible y a la transición energética y a proyectos prioritarios, educativos y en el sector de la salud.
La reforma de la Ley de Petróleos Mexicanos, tiene como propósito convertir a Pemex en una empresa pública, con autonomía presupuestal y de gestión y un gobierno corporativo más ágil e independiente. Al sustraerse Pemex del control de la Secretaría de Hacienda, sus presupuestos serán enviados cada año directamente al proyecto de presupuesto de egresos de la federación, sin que pueda ser modificado por Hacienda los proyectos de la empresa pública al contar ya con autonomía presupuestal, se desvincula de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La transformación de Pemex, pasa necesariamente por el cambio de su régimen fiscal actual, en 2012 la producción de crudo promedio 2 millones 548 mil barriles diarios, las ventas totales ese año alcanzaron el máximo histórico de un  billón 647 mil millones de pesos, los impuestos pagados registraron igualmente su máximo histórico, llegando a 900 mil millones de pesos. En las pasadas dos administraciones, la carga fiscal sobre utilidades de Pemex llegó a 110 por ciento, Pemex generalmente registra ganancias antes de impuestos, pero al aplicar su particular y único régimen fiscal se  generan obligadas e inducidas pérdidas contables.
El segundo párrafo, fracción primera del artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 establece, cito:
“A cuenta del derecho de utilidad sobre hidrocarburos,  al que se refiere el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos Pemex exploración y producción deberá realizar pagos diarios, incluyendo los días inhábiles por 634 millones 525 mil pesos durante el año. Además el primer día hábil de cada semana del ejercicio fiscal deberá efectuar un pago de 4 mil 453 millones 880 mil pesos” fin de la cita.
Este régimen fiscal resulta contestatario y  es económicamente irracional, financieramente insostenible no tiene comparación ni nacional, ni internacional, ni  en la industria petrolera, ni en ninguna otra rama de la actividad productiva. Con este régimen de pago por adelantado de impuestos, habría que ver quiénes son los particulares que van a celebrar contratos de utilidad compartida o despojo seguro con el Estado, de lo que se nos habla en la presentación de la  iniciativa oficial.
Los cambios que se proponen en el  régimen fiscal de Pemex, toman en cuenta la necesidad de dotar de mayores recursos de  inversión a la empresa y también de mantener flujo aceptable de los ingresos fiscales que recibe Hacienda. Así, para reducir la cargar fiscal de Pemex, se  modificará la tasa del derecho ordinario sobre hidrocarburos,  llevándola del 71.5 al 62.5 por ciento en un  periodo del 2014 al 2018, modificándose al mismo tiempo el límite del monto deducible de costos, gastos e inversiones  deducibles por  la Ley de Petróleo Crudo equivalente que pasará de 6.50 a 8 dólares y en el caso del gas natural asociado se aumenta el límite de 2.70 a 3 dólares por cada mil  pies cúbicos.
Con el propósito de que Pemex cuente con un mayor flujo de efectivo, Pemex estará pagando lo correspondiente al derecho anticipado mensualmente y no haya diario y semanalmente, estos cambios ene l régimen fiscal de Pemex, se estiman que aportarán un recurso adicional de 150 mil millones de pesos en  2014, que irán aumentando anualmente, es decir, entre 30 mil millones más que sumados a los 280 mil que ha venido invirtiendo en los últimos años, le permitirán un manejo más desahogado de su encomienda.
Se está igualmente proponiendo elevar el derecho para  la investigación científica y tecnológica de .65 a 1 por ciento del valor del petróleo crudo y del gas natural extraído en el año, con lo que se incrementarán los ingresos del Instituto Mexicano del Petróleo, cuyo comité de investigación y desarrollo tecnológico, se  faculta para emitir el dictámenes que permitan estrechar las relaciones del INP y Pemex, para fomentar la adopción de tecnología de punta, la formación de recursos humanos y las alianzas estratégicas  con instituciones de investigación científica, tanto nacionales como del exterior.
Cambia también la composición del Consejo de Administración de Pemex, salen de él, el secretario de Hacienda y cuatro representantes más del Ejecutivo, quedando sólo el secretario de Energía que continúa presidiéndolo, salen igualmente los cinco representantes sindicales que dejan así de ser juez y parte. Además de su presidente, el Consejo estará integrado por el  director de la Comisión Federal de Electricidad, es indispensable una adecuada coordinación dentro del sector energético y siete consejeros profesionales que  al igual que el director de  la empresa, serán designados por el Jefe del Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República.
La Comisión Federal de  Electricidad se  establece también como una empresa pública con autonomía presupuestal y de gestión, mediante la reforma de la Ley de  servicio de energía eléctrica; su junta de gobierno de  modifica formarán parte de ella el secretario de Energía que la preside y el de Economía, el director general de Petróleos Mexicanos y seis consejeros profesionales que serán al igual que el director nombrados por el titular del Ejecutivo y ratificados por el Senado.
En el año 2008 se expidió la ley para el aprovechamiento de las energías renovables y el financiamiento de la transición energética, que al reformarse se convertirá en la Ley de Energías Renovables, el objeto de esta ley vigente actualmente, artículo primero, es regular el aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica. Así como establecer la  estrategia nacional y los instrumentos para el financiamiento de  la transición energética.
Al regular esta ley secundaria y el aprovechamiento del recurso renovables, de las tecnologías limpias para la generación de energía eléctrica con fines distintos a la prestación del servicio público, se colocó en la estrategia de transición energética por una parte, en un espacio reducido y en continúo riesgo de parálisis por invasión de la esfera del servicio público.
Desalentándose a los sectores privados para la producción de estas energías, lo que va en contra de la lógica y las necesidades de la transición. Por la otra, contradictoriamente en un marco regulatorio para que sean las empresas privadas las que se hagan cargo y monopolicen el desarrollo de las energías renovables.
En la nueva Ley Energías Renovables se ha considerado pertinente reformar la actual definición del generador, que se debe reducir de acuerdo a la fracción uno del artículo tercero de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a quienes generan para auto abastecimiento con generación o para la pequeña producción. En la Ley de Energías Renovables de aprobarse, se mandata a la Comisión Federal de Electricidad para que invierta y desarrolle la  producción de energías de fuentes renovables y se establece que la capacidad de los proyectos Autorizados a los generadores, no rebase la que desarrolle CFE, en una perspectiva hacia el 2024, cuando se deberá estar generando al menos un 35 por ciento del total con energías limpias.
Con objeto de fomentar el desarrollo de estas energías, porque pequeños productores del sector social, la ley establece que la generación, que se produzcan, sean recibidas por el sistema eléctrico nacional, independientemente de las capacidades de sus aliadas, vía autoabastecimiento y cogeneración. En resumen, con esta propuesta incluye la modificación de 12 leyes secundarias o reglamentarias, en la expedición de la Ley Fondos de Excedentes Petroleros No se plantean reformas constitucionales porque para los fines que persiguen de modernizar el sector energético y lograr de él una y cada vez mayor y mejor contribución al desarrollo independiente del país, no se considera necesarias.
De aquí de este sitio, nuestros compañeros legisladores llevaran las iniciativas para la reformas de estos ordenamientos a la Comisión Permanente al Congreso, ya que al iniciarse el próximo periodo de sesiones ordinario las remitirá al Senado. Nos preguntamos ahora ¿Por qué la iniciativa del ejecutivo se ha reducido hasta ahora para dar conocer las reformas que proponen en los artículos 27 y 28 de la Constitución y nada sobre leyes secundarias? ¿Por qué la campaña propagandística oficial se ha centrado en el 27 y nada se menciona del 28? El titular del ejecutivo lo decía yo antes, en su iniciativa de reforma energética se limita a plantear modificaciones a los artículos 27 y 28 constitucionales, en el discurso, se hacen referencias vagas a posibles reformas de leyes secundarias.
Más allá de la nominación tampoco señala cómo serán en la práctica los contratos de utilidad compartida. Se comparte la utilidad en dinero, se comparte en producto, se establecerán límites a las proporciones del Estado y a los de los particulares en un sentido todo queda claro, en otro nada se define.
El alud propagandístico se concentra en el 27 pero la reforma más grave, la más perjudicial es la que derivara de la reforma  del 28, con ella el Estado perdería la exclusividad en el manejo de las áreas estratégicas de la industria petrolera.
Desde la exploración y expropiación de los yacimientos y consecuentemente el  manejo y el cuidado de las reservas hasta la transformación industrial del recurso en la refinación de la petroquímica así como en los servicios complementarios de almacenamiento y transporte.
Por más que en el medio oficial ahora no se hable de la modificación del 28, la iniciativa deja ver con claridad meridiana la intención de desplazar a petróleos mexicanos de toda la cadena productiva del petróleo. Sustituyendo a este organismo al que hasta ahora el Estado ha encomendado de manera exclusiva la conducción de la industria petrolera por particulares, esto es se está ante la gravísima perspectiva de que las compañías expropiadas en 1938 vuelvan a ser las que decidan como se manejan y sean las principales beneficiarias de la explotación de los yacimientos de hidrocarburos mexicanos.
El cambio en el 28 constitucional cancelaría la condición de áreas estratégicas a los hidrocarburos y a la electricidad, ni siquiera alcanzan en esta reforma la calidad de prioritarias. Abriendo la posibilidad de que el Estado llegara a desasearse de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, al dejar sin materia lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 25 constitucional que dice, cito: (El sector público tendrá su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 párrafo cuarto de la constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan) Esto es, al no ser estratégicos los sectores de los hidrocarburos y de la electricidad los órganos que nos manejan, hoy Pemex y Comisión Federal de Electricidad podrían de acuerdo con la constitución modificada dejar de ser propiedad gubernamental Pemex y Comisión Federal de Electricidad todo lo que posean podrían ser vendidos, podrían ser privatizados.
La iniciativa del gobierno para reformar los artículos 27 y 28 de la constitución es una iniciativa privatizadora diga lo que se diga, es una iniciativa que va contra en el interés  general de los mexicanos, es sin  lugar a dudas una iniciativa lesiva a los intereses de la nación, una iniciativa anti patriótica.
¿Dónde pues cabe pretender sustentar está retrograda reforma en la figura de Lázaro Cárdenas? Es falaz la utilización que se hace en el nombre de quien encabezó la lucha por el rescate y pleno ejercicio de la soberanía de la nación en el siglo XX. Ofende a quienes verdaderamente se identifican con sus ideas y su obra, ofende la inteligencia y el sentido común, nadie más lejos de una política entreguista que Lázaro Cárdenas, nadie más lejos de mentir al pueblo mexicano, nadie más lejos de oportunismo demagógico.
Se dice que el gobierno pude contar con los votos en las cámaras del Congreso para sacar adelante sus iniciativas, ¡Pude ser! pero eso desde ningún punto de vista debe inmovilizarnos. Primero el debate hay que llevarlo a todos los foros, a todos los foros posibles y darlo en todos los foros en que haya oportunidad, así lo organice, lo convoque nuestros adversarios políticos.
Apoyemos desde las trincheras a las que tengamos acceso toda iniciativa y medida que busque frenar y echar abajo las propuestas oficiales de reformas del 27 y 28 constitucionales.
Apoyemos la consulta que organiza Alianza Cívica sobre reformas de materia energética y fiscal, nos dará en unos cuantos días una visión certera del sentir de la ciudadanía en el país, Para terminar, el artículo 35 constitucional reformado el 9 de agosto del 2012 en su fracción octava,  nos dice: (que los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a votar en las consultas populares, que pueden ser convocadas por nosotros, por los ciudadanos si lo hacemos por lo menos en cantidad equivalente al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores) Que hoy seriamos un millón seis cientos treinta mil electores.
Cómo este artículo no está reglamentado por una ley secundaria habría que montar el proceso a partir solamente del texto constitucional por lo que la consulta popular tendría que realizarse concurrente con la próxima elección federal el primer domingo de julio del 2015. Pongámonos en el escenario más desfavorable, que por mayoría el Congreso apruebe con el voto en contra de los legisladores patriotas, las reformas propuestas por el Ejecutivo de los artículos 27 y 28 constitucionales.
Propongámonos entonces pero empecemos a organizarnos desde ahora y yo me arrogo la facultad de convocarlos para que oportunamente tengamos, para que oportunamente tengamos el millón 630 mil electores inscritos en la lista nominal y muchos más que estoy seguro podemos, para presentar a las autoridades en nuestra demanda para que se convoque a una consulta sobre si se mantiene en  vigencia o no las reformas al 27 y al 28 constitucionales. Consulta que tendría que realizarse concurrente con la próxima elección federal que renueva la Cámara de Diputados. Convoquémonos para echar atrás las reformas al 27 y 28, si se diera la desgracia que en este periodo legislativo fueran aprobadas. Lo podemos hacer y el pueblo nos va responder.
Les digo además que desde ahora dejaré otros asuntos y me lanzo de lleno a preparar esta campaña. Sé que muchos compañeros, sé que muchos compañeros por todo el país acompañarán este esfuerzo. Recojamos firmas por toda la República, registrando al mismo tiempo los números de credenciales de elector y buscando notarios que los certifiquen para llegar oportunamente al IFE y que estrenemos el artículo 35 constitucional reformado en agosto del 2012, con la primera consulta popular realizada en nuestro país, apoyada en lo que dispone nuestra Constitución, la misma Constitución que permitió la expropiación del 18 de marzo de 1938. Muchas gracias compañeros.
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