Declaración del Partido Socialista de Uruguay ante la situación de Brasil y del Presidente Lula
ANTE LA SITUACION DE LA HERMANA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, EL PARTIDO SOCIALISTA DE URUGUAY DECLARA:
1) Su más enérgico repudio a la escalada de violencia contra dirigentes políticos y sociales populares, con situaciones recientes de enorme gravedad como el asesinato de los concejales Marielle Franco y Paulo Henrique Dourado y el ataque a balazos al transporte en el que viajaban el ex Presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva y su delegación.
2) Su condena a los dichos de destacados voceros de las fuerzas hoy en el gobierno de esa nación, entre ellos el propio Michel Temer, y candidatos presidenciales de la derecha justificando estos actos violentos y antidemocráticos. Esto demuestra una vez más la falta de garantías legales y democráticas que existen hoy en Brasil, lo que constituye en sí mismo una forma de violencia institucional.
3) Que los principales responsables de la polarización existente hoy en la sociedad brasileña son las fuerzas conservadoras y de derecha con el fin de justificar el golpe contra la Presidenta Dilma Rousseff y de impedir la candidatura a la Presidencia de la República del ex Presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva.
4) Que no puede ignorarse que estos hechos de violencia tienen lugar en el marco de un proceso de militarización y de creciente represión de la protesta social y a los sectores populares en Brasil, con el fin de viabilizar la implementación a cualquier costo del programa antipopular del gobierno ilegítimo que ya cuenta 14 millones de desocupados.
5) Que apuesta a que esta situación -de enorme importancia para el conjunto de la región- encuentre un cauce democrático que permita poner en el centro la vida y la dignidad de los brasileños y brasileñas, posibilitando al país hermano avanzar por un camino de libertad, paz, solidaridad y justicia.
6) Que convoca a las fuerzas democráticas de nuestro país a condenar estos hechos de violencia y a contribuir a la plena vigencia del derecho y las garantías institucionales en la hermana República.
Montevideo, 2 de abril de 2018.