La verdad sobre la condenación de Lula en Brasil

La prensa internacional viene noticiando que el ex presidente Lula fue sentenciado a nueve años y medio de reclusión por los crímenes de corrupción y lavado de dinero, pero la mayoría de los reportajes omite que esta decisión de un juez singular y notoriamente parcial no tiene base en pruebas, en la ley brasileña o en la verdad de los hechos. Fue una condenación política y una aberración jurídica, según juristas independientes, que debe ser anulada en las instancias superiores.
La sentencia es la consecuencia de la larga persecución contra Lula movida por el juez Sergio Moro y por un grupo de fiscales de la llamada Operación Lava Jato. Desde que el PT venció por cuarta vez consecutiva las elecciones presidenciales, en 2014, Moro y sus fiscales – con la complicidad de la TV Globo, el mayor grupo mediático del país – vienen tratando de asociar a Lula a los desvíos de dinero en Petrobras investigados en la Lava Jato.
La Policía invadió la casa del ex presidente, en marzo de 2016, y confiscó papeles, agendas, teléfonos, computadoras de los familiares de Lula y hasta las tablets de sus nietos. Condujeron a Lula para declarar, sin base en la ley. Invadieron las cuentas bancarias y la contabilidad de Lula, de sus familiares, de su instituto y de su empresa de conferencias, pusieron escuchas en sus teléfonos.
Jamás encontraron cualquier ilegalidad cometida por Lula, cuentas ocultas o empresas offshore, mucho menos algo que lo vinculara a los desvíos de Petrobras o que probara el recibo de coima en la forma de un apartamento, que es la tesis de la acusación. Pero filtraron ilegalmente trechos de llamadas telefónicas, mensajes, documentos y declaraciones, seleccionados para condenar a Lula por medio de titulares de periódicos, copiando los errores de la Operación Manos Limpias, que inspiraba a la Lava Jato de Brasil.
La presentación de la denuncia contra Lula, en septiembre de 2016, fue un espectáculo que avergonzó al mundo jurídico. Sin pruebas de corrupción contra Lula, los fiscales se valieron de tesis probabilísticas para acusarlo de ser el jefe de una organización criminal. Para abrir la acción penal, el juez Moro tuvo que corregir varios aspectos de la frágil denuncia, actuando como verdadero acusador y confirmando su parcialidad.
En un último esfuerzo para fabricar una prueba en el proceso, Moro decidió volver a escuchar al empresario y reo Léo Pinheiro, que ya había declarado por la inocencia de Lula, así como los demás 72 testigos del proceso. Condenado en otro caso a 23 años de prisión, Pinheiro cambió su versión para obtener una reducción de su pena. La palabra aislada de ese reo, que declaró sin el compromiso de decir la verdad, es la única base de la sentencia de Lula.
El juez Moro ha ignorado las declaraciones a favor de Lula y descartado la prueba de la inocencia producida por la defensa. Documentos comprueban que el apartamento siempre estuvo registrado a nombre de la empresa OAS Emprendimientos. Los derechos económicos del inmueble fueron, incluso, alienados por OAS a un fondo de financiamiento de un gran banco, Caixa Econômica Federal. Lula estuvo una sola vez, durante dos horas en el inmueble, para evaluar si lo compraría con recursos propios.
Con la complicidad de la TV Globo, que censura cualquier crítica a sus arbitrariedades, Moro quiere convencer de que Lula habría esperado hasta 2014 para recibir un inmueble de U$ 300 mil, como supuesta coima por contratos millonarios firmados en 2008 y 2009, en los cuales él ni siquiera tuvo participación. Y amplía la pena alegando el crimen de lavado de dinero en un caso en el que no existen movimientos financieros.
En julio de 2016, las groseras violaciones de la Lava Jato contra Lula fueron llevadas en comunicado individual al Comité de Derechos Humanos de la ONU. El proceso contra Lula tiene todas las características del lawfare: la manipulación del proceso judicial para alcanzar al enemigo, en este caso, el líder político más popular de la historia de Brasil.
Pese a la indignación con la injusticia de la que ha sido víctima, el ex presidente Lula viene afirmando que Sérgio Moro y la Lava Jato estaban “condenados a condenar”, porque promovieron un campaña de mentiras en los medios de comunicación. “Después de mentirle tanto tiempo al país, ellos no tenían cómo volver atrás, aun sin haber encontrado ningún acto ilegal de mi parte, pues la farsa quedaría evidente”, afirma Lula.
El objetivo de la sentencia es obvio: impedir que Lula dispute las elecciones presidenciales. Eso solo puede ocurrir si la sentencia de Moro viene a ser confirmada en instancias superiores, que ya están siendo presionadas a hacerlo antes de las elecciones. “Ellos han dado un golpe parlamentario para sacar al PT del gobierno, pero el golpe no cierra si yo todavía puedo volver a ser presidente por medio del voto. Eso ellos no lo pueden admitir”, afirma Lula.
 
Una sentencia y 7 aberraciones
Las aberraciones de la sentencia son muchas, empezando por el hecho de que el juez ha adoptado tesis que difieren de las apuntadas por la acusación:
1)   Los fiscales dijeron que OAS transfirió el apartamento a Lula en octubre de 2009, como coima por un supuesto favorecimiento en tres contratos firmados con Petrobras. El juez tuvo que reconocer que no hay pruebas de la transferencia del inmueble ni de la participación de Lula en los desvíos de Petrobras, pero lo condenó por el acto inexistente de corrupción pasiva.
2)   Moro dice que el inmueble fue “atribuido” a Lula, dándole la “propiedad de hecho”, algo que no existe en el Derecho. Moro dice que la prueba documental sobre la propiedad del inmueble “es irrelevante” para el proceso penal. Usa una expresión abstracta para afirmar su convicción arbitraria.
3)   Ante la prueba de la defensa, Moro reconoció que la construcción del inmueble fue financiada por un fondo financiado por el banco Caixa, lo cual consideró una “operación normal en el mercado inmobiliario”. Contradictoriamente, en otro punto de la sentencia, él afirma que la obra fue pagada con recursos provenientes de coima, y usa esta tesis para condenar a Lula.
4)   La acusación no presentó los actos de oficio de Lula relativos a los contratos entre OAS y Petrobras para demostrar su tesis, como exige la ley brasileña. No logró ni siguiera demostrar desvíos en los contratos. La defensa de Lula solicitó pericias técnicas que echaran luz sobre este aspecto, pero el juez negó la producción de esa prueba.
5)   Contrariando la ley, Moro ha decidido que la existencia de actos de oficio sería irrelevante para caracterizar la corrupción de agente público: “Basta para la configuración que los pagos sean realizados en razón del cargo, aun en lugar de actos de oficio indeterminados, a ser practicados ni bien aparezcan las oportunidades”, decidió.
6)   En decisiones anteriores, Moro absolvió a dos reas porque no se demostró la vinculación entre sus bienes, que se alegaban ilícitos, y los desvíos en Petrobras. Pero en el caso de Lula, en cambio, decidió que la ley es irrelevante, pues, en la condición de presidente de la República, Lula sería responsable de todos los supuestos desvíos, no solo los investigados en Petrobras.
7)   Sérgio Moro también condenó a Lula por presunto lavado de dinero. Decidió que el mantenimiento del registro del inmueble a nombre de OAS sería el medio de ocultar la “propiedad de hecho” y el movimiento de valores entre las partes. Es una sentencia kafkiana: un crimen inexistente de lavado de dinero explicaría la condenación del acusado por actos de corrupción que él no ha practicado.
 
Sentencia avergüenza a la Justicia brasileña
 A sentencia ilegal, injurídica y arbitraria de Sérgio Moro ha provocado reacciones de juristas y operadores del derecho en Brasil y en otros países. Las críticas al juez son censuradas en la Red Globo y en la mayoría de los medios de comunicación. Presentamos aquí algunas de esas manifestaciones, que no apuntan exclusivamente a sostener la inocencia de Lula, sino a defender el Estado de derecho y el debido proceso legal, amenazados por las arbitrariedades de la lava Jato.
“ ¿Juicio o farsa? Cuando el juicio del acusado termina, empieza el juicio de propio juicio y del juzgador. (…) Después de todo, si un juez entrega a lo maligno el alma de magistrado, no registra el negocio ante escribano; tan solo entrega la toga, dejando a la vista la parcialidad, la ambición, el oportunismo y la búsqueda de fama. Ya saben ellos lo que cambian. No necesitan documento. Basta la mutua convicción”. Álvaro Augusto Ribeiro Costa (ex abogado general de la Unión, subfiscal de la República jubilado)
“Surreal: Lula fue condenado por recibir lo que no recibió y por el lavado del dinero que no le fue dado… Vale decir, ¡no tuvo su patrimonio incrementado en un solo centavo siquiera! No recibió ningún beneficio patrimonial y por eso no tenía lo que “lavar”…
Se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, que el ex presidente Lula no está teniendo un proceso penal justo y fue condenado de forma absolutamente injusta. Ya lo habían elegido como criminal, ahora creen que han encontrado sus crímenes.
El tribunal de segundo grado debe absolver al mejor presidente de la República de toda la historia de este país, pero la historia no absolverá a sus acusadores…” Afrânio Silva Jardim, Máster y Catedrático de Derecho Procesual de la Universidad Estatal de Río de Janeiro
“Es un absurdo esa decisión. Proceso penal de excepción con vicios evidentes, que caracterizan objetivo político y no la aplicación del orden jurídico. Los derechos fundamentales y la democracia van cuesta abajo.” Pedro Estevam Serrano, profesor de Derecho Institucional de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo
Asistimos a una fase general de crisis en nuestras democracias, crisis que se manifiestan de las maneras más diversas. Pero esta es una crisis muy singular, que debería generar alarde, empezando por los liberales. También estamos ante formas más que intolerables de exhibicionismo de protagonismo judicial, que cuentan con el consenso público para legitimar sus acciones”.
“Existe una forma horrenda de populismo, que no es el populismo político, sino el populismo judicial. Y este [de la Lava Jato] pode representar un peligro para la cultura jurídica, que debe estar atenta para proteger la propia jurisdicción y la credibilidad del derecho”Luigi Ferrajoli, en conferencia en el Parlamento de Italia.
Se trata de eliminar de cualquier disputa electoral, a través de la vía judicial, a todo y cualquier líder o dirigente popular capaz de ganar una elección compitiendo contra los candidatos de las corporaciones u otros traidores de la patria parecidos, empeñados en endeudarse con una rapidez singular y nunca antes vista.
Para eso bastan algunos jueces cuyas motivaciones son manipuladas por los servicios de inteligencia y los gerentes y agentes de las corporaciones, especialmente las de los medios de comunicación, motivaciones esas que pueden ser miedo, servilismo, ventajas, promesas o esperanzas de promociones, comodidad, aspiraciones políticas o el simple deseo de estrellato. Eugenio Raúl Zaffaroni
“La sentencia era más que previsible, pues quien se posicionó reiteradamente como oponente del reo no tendría cómo decidir de forma diferente, lo cual es triste, porque vemos siendo vilipendiada, en el sistema judicial brasileño, la garantía constitucional de la imparcialidad del juzgador”.Bruno Galindo, profesor de Derecho Constitucional
“Lo que se observa en la decisión, en varios pasajes, es la prevalencia de una visión impropia para un juzgador, exento e imparcial, sobre todo en el punto en que hace críticas a la defensa, afirmando que esta habría “adoptado tácticas bastante cuestionables, como de intimidación…”, postura que denota protagonismo del magistrado, en detrimento de la equidistancia que debe guardar entre las partes en las demandas de naturaleza penal o de cualquier otra rama del derecho. Nadie está por encima de la ley, ni el acusado, ni el acusador. Mucho menos el magistrado.” Nélio Machado, abogado, miembro del Instituto Brasileño de Ciencias Criminales
 
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